¡Urge crear el Consejo Nacional de Política Fiscal!

En comparación con sus pares del gabinete, el titular de Economía y Finanzas los supera ampliamente en locuacidad, saturada de constantes desaciertos y escaso sentido de oportunidad, virtud esta última que tienen muy pocos regentes de la cosa pública y que en nuestro país es epidémica, como lo comprueban sus explicaciones sobre el Presupuesto y su propuesta para “aliviar la presión del gasto público”, en el año 2026.

Según las reproduce el diario El Siglo, en su edición del pasado sábado 6 de diciembre, en declaraciones hechas a la agencia española EFE, el titular del MEF les manifestó que, durante la quinta legislatura, que transcurrirá del 1 de julio al 31 de octubre de 2026, propondrá “la revisión de las leyes especiales que presionan el gasto público y son parte de las rigideces presupuestarias que afectan el perfil crediticio del país.” Y, para abundar, agregó: “Se trata de atacar iniciativas que vienen acumulándose por años o décadas y que imponen aún más rigidez al Presupuesto General del Estado.”

Que en el Presupuesto y más específicamente en el gasto público existe un desorden que se ha vuelto institucional, es una realidad incuestionable; pero si bien ese hecho justifica la necesidad de correcciones los comentarios con los que se respaldan las intenciones anunciadas, solo sirven para confirmar que los actuales rectores de las finanzas públicas, antes que bien orientados, siguen demostrando su proclividad por la improvisación.

Culpar, únicamente, a las leyes especiales mediante las cuales se han aprobado aumentos y escalas salariales para determinados grupos de los servidores públicos, de ser la causa de “las rigideces” que, según el susodicho ministro impiden que se atiendan “las demandas de los ciudadanos que están exigiendo disminuir el gasto y más inversión” es demagogia, pura y simple.

Más aún, afirmar que con la revisión y eventual reforma o la eliminación de las leyes especiales, como si se tratara de un axioma, se tendrán suficientes recursos para inversiones, es una singularización simplista y una absoluta falta de seriedad para enfocar y disfrazar un problema que, por tener muchas otras causas, requiere de soluciones mejor pensadas.

El Presupuesto General del Estado se concreta en dos grandes divisiones: Ingresos y Egresos. Los primeros deben bastar para cubrir los gastos que se realizarán durante el año de su vigencia. Si cuando se prepara el proyecto del Presupuesto los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos, en cumplimiento de los mandatos de los artículos 270 y 275 de la Constitución, debe adoptarse un “plan de ajuste del gasto”, para mantener el equilibrio.

Nuestros gobiernos, reiteradamente, han ignorado ambas normas y para justificar presupuestos desbalanceados, utilizando el engendro inconstitucional de la mal llamada “Ley de Responsabilidad Fiscal”, siguen por el camino fácil de financiarlo con más endeudamiento público. El gobierno actual, si por algo se ha distinguido es por seguir contratando más deuda, evadiendo el problema medular, que no es de falta de ingresos sino de acciones concretas, basadas en elementales principios de una sana política fiscal, para remediarla.

En cualquier país, con gobernantes con intenciones de remediar y no de agravar los desajustes fiscales, las medidas que se adoptan obedecen a una secuencia y elemental lógica: 1) Asegurar la efectiva recaudación de todos los tributos, 2) Cerrar todas las vías seudo legales que permiten escamotear las obligaciones fiscales, 3) Combatir la evasión y la defraudación fiscal con penas ejemplares, que, en el caso nuestro, según muchas veces lo ha reconocido el titular del MEF, ronda los 2,000 millones anuales y 4) Eliminar los gastos innecesarios y superfluos. Según el balance de sus resultados, es cuando se piensa en cualquier otra.

Panamá necesita de una política fiscal que, antes que responder a la improvisación y a falta de planificación, sea producto de decisiones bien pensadas que, lamentablemente, no saldrán del MEF. De Allí la conveniencia de que, cuanto antes mejor, mediante la correspondiente legislación, se decida la creación de un Consejo Nacional de Política Fiscal, similar al español, encargado de planificarla con más amplias miras y visiones de mayor alcance.