Violencia, armas de fuego en la calle y elecciones, 2024

En el desfile de celebración del Super Bowl en Kansas City, uno o varios sujetos armados dispararon, hubo balacera. En Panamá, durante los ‘culecos’ en los recientes carnavales en Penonomé, sucedió algo parecido.

En el año 2022, la cifra de muertes violentas arrojó 501 víctimas de homicidio respecto al año 2021, que registró 550, y en el año 2023, hubo 556 casos, y por supuesto, que todos han impactado de forma violenta en la ciudadanía, aunque genera temor y peligro cuando se realizan en lugares públicos.

En la mayoría de las ocasiones, los homicidios son realizados con armas de fuego y por personas del sexo masculino, y en cuanto a las víctimas son preferiblemente varones, y las víctimas se concentran entre 18 y 39 años de edad (Minseg, 2022).

La cultura de violencia, que estamos viviendo afecta la paz social, y el portar y poseer armas no es un derecho constitucional como sucede en Estados Unidos, y por tanto las mismas no pueden comprarse ni poseerse libremente, porque en nuestro país está sujeto a regulaciones, además hay que tener claro, que ningún tratado internacional de derechos humanos reconoce el mismo como tal (Diaz Perez,2017).

Por ello, en Panamá, tenemos sanciones para la posesión ilegal de armas de fuego, sus elementos o componentes (art.333), posesión de armas de fuego borradas o alteradas o modificadas (art.334), u otros actos de compra venta, entre otros de armas de fuego o prohibidas (art.335), con sanciones que oscilan entre ocho a quince años, siguiendo la Convención contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros, materiales relacionados (1997).

Sin embargo, es evidente que la ley penal ha sido insuficiente para proteger la seguridad de las personas ante el riesgo que supone para la vida la posesión ilícita por terceros de armas en la calle, pues estos hechos están vinculados a la comisión de delitos contra la vida, la integridad personal y la propiedad, y en general afectan la “seguridad del país”.

La violencia con víctimas de homicidio y robo, entre otros, nos dice que las armas ilegales se han tomado la calle, que tienen objetivos directos, una persona, un político, etc.; que son un problema de salud pública y mental que afecta a todos, que ha creado una cultura de inseguridad, que no se respeta la dignidad humana, por lo que todos los Estados están obligados a proteger la seguridad y garantizar la convivencia pacífica de los asociados.

Si bien es cierto, que en Panamá se han realizado medidas para la reducción y prevención de armas ilegales, de devolución de armas, destrucción, y por ende para reducir la violencia, no cabe duda, de que el pueblo panameño se siente indefenso, alega que está desarmado mientras que los delincuentes están armados y estas no están sujetas a ningún control, por lo que algunos abogan, que se debe permitir a todas las personas el derecho a portar armas, pero este asunto polémico, será objeto de tema en otro momento.

Lo que sí es necesario en esta ocasión indicar que la reducción de la violencia armada requiere de un control de las armas, así como al igual sucede con el narcotráfico, por lo que al próximo gobierno le sugerimos adoptar una revisión política del control efectivo de armas de fuego, reforzando mecanismos de auditoría del manejo legal de armas de las instituciones de seguridad y de otros entidades públicas, adecuar en condiciones óptimas la unidad de balística con personal dedicado y capacitado, y castigar no solo a la delincuencia organizada, sino también a los responsables que no cumplen con el debido control de las armas por razón de sus funciones, como por ejemplo, armas decomisadas que luego son vendidas, sin mencionar lo relativo a los centros penitenciarios, que es otro problema que hay que resolver.

Por último, ante lo que se denomina la “epidemia de la violencia con las armas de fuego”, lo anterior puede complementarse con un plan de políticas pública de sensibilización, prevención, con campañas educativas a través de los medios de comunicación en coordinación con el ministerio de Seguridad, advirtiendo sobre la letalidad de las armas de fuego.