La elección de la nueva defensora del pueblo debió ser un momento para reafirmar la solidez institucional del país. No obstante, el proceso reciente ha dejado una sensación incómoda que trasciende nombres propios. La elección de Ángela Russo arrancó marcada por la percepción de haber sido la candidata ungida por el oficialismo, luego de que el propio partido de gobierno adelantara públicamente su respaldo. Esa circunstancia, por sí sola, compromete la imagen de independencia que exige el cargo. A este escenario se suman las denuncias de irregularidades durante el proceso, así como las discrepancias entre los informes de mayoría y minoría en la Asamblea Nacional. Estos hechos no solo empañan la transparencia del procedimiento, sino que refuerzan la idea de que las decisiones obedecen a acuerdos políticos antes que a criterios institucionales. El trasfondo es aún más preocupante. Panamá ha vivido reiteradamente episodios en los que la Asamblea ha actuado alineada con el Ejecutivo, renunciando a su función esencial de contrapeso. Cuando el Legislativo abdica de su independencia, se debilita el equilibrio de poderes, se deteriora la democracia y se profundiza la desconfianza ciudadana hacia la política y sus instituciones. La Defensoría es una pieza fundamental en la protección de los derechos humanos, especialmente bajo la tentación autoritaria que avanza en el país. Una vez más, la Asamblea y sus actores decepcionan su imagen y alimentan la idea de que el poder se ejerce en Panamá sin límites, ni vigilancia, ni responsabilidad.

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