La propuesta del Tribunal Electoral elimina el voto en plancha y permite el voto cruzado en circuitos plurinominales, abriendo el debate entre partidos...
Aunque San Miguelito hoy luce más limpio gracias a la intervención del Gobierno central, no debe confundirse esa mejoría momentánea con una solución real. San Miguelito no ha estado rodeado de basura por mala suerte: ha estado así porque durante años se ha permitido que el problema se vuelva costumbre. La bolsa en la esquina, el cerro improvisado en la servidumbre, el mal olor metiéndose en las casas y las moscas anunciando enfermedad han sido una escena recurrente, casi parte del paisaje. Lo más grave no ha sido la crisis en sí, sino su causa inmediata: aun con contrato vigente, la empresa responsable ha dejado de cumplir. Ha cobrado, pero no la ha recogido como debía. Ha reducido la frecuencia, ha fallado en rutas, ha dejado comunidades enteras esperando, mientras las facturas han seguido llegando puntuales. Eso no ha sido un “detalle operativo”: ha sido incumplimiento. En este escenario, la Alcaldía no se ha quedado de brazos cruzados. Con operativos de limpieza, jornadas y presión pública constante, ha intentado contener el daño y evitar que el distrito colapse entre desperdicios. Esos esfuerzos merecen reconocimiento, porque han respondido a una urgencia real. Pero también dejan al descubierto una verdad incómoda: ningún operativo puede reemplazar un servicio regular, planificado y cumplido. A finales de diciembre, el Ejecutivo intervino “para ayudar”. Sin embargo, la basura no se resuelve con acciones intermitentes ni con anuncios: se resuelve con cumplimiento, autoridad y transparencia. San Miguelito necesita sanciones por incumplimiento, porque quien cobra por un servicio debe responder por lo que no hizo. Necesita reglas claras, fiscalización real y contratos que no sean cheques en blanco por décadas. Y necesita empresas transparentes, que rindan cuentas, que muestren costos, rutas, frecuencia y resultados.