Excarcelaciones de papel

En Venezuela, la libertad se ha convertido en un anuncio: se promete en comunicados y se evapora en los hechos. El régimen chavista habló de excarcelaciones “significativas”, pero la verificación independiente desmiente esa narrativa. El Foro Penal solo contabiliza 14 liberaciones hasta la tarde de ayer. En contraste, su registro confirma que 811 personas continúan detenidas por razones políticas, aunque otras fuentes elevan la cifra a más de mil, debido a casos que no se denuncian por temor a represalias. La distancia entre propaganda y realidad no es un detalle: es el método. En un sistema sin controles, la justicia se vuelve una herramienta de castigo y los anuncios de liberación funcionan como cortinas de humo. Las excarcelaciones, cuando ocurren, se manejan sin transparencia, sin criterios claros y con un patrón que alimenta la incertidumbre: quién sale, quién queda, quién desaparece del radar. El problema, además, ya no es solo venezolano. 87 presos políticos son extranjeros o binacionales, provenientes de más de 30 países. Venezuela ha extendido el alcance de su represión más allá de sus fronteras: los pasaportes no garantizan protección; apenas señalan vulnerabilidad. En esa lista está Panamá. Y el nombre no puede diluirse entre números: Olmedo Javier Núñez Peñalba, detenido desde hace más de siete meses. No es un líder partidista ni una figura de confrontación pública. Es un trabajador, encargado del mantenimiento de motores, atrapado en una dinámica donde acusaciones como “espionaje” sirven para justificar el encierro sin debido proceso. Cuando un Estado encarcela sin transparencia, no solo vulnera derechos individuales: normaliza el abuso. Panamá asegura gestiones consulares, diplomáticas y multilaterales. Los gobiernos democráticos deben pronunciarse de forma pública y coordinada. La comunidad internacional no puede seguir tratando estas detenciones como un asunto interno: son violaciones de derechos humanos. El silencio, en este contexto, no es prudencia: es tolerancia.