Bioetanol y el debate democrático

El debate sobre el proyecto de ley del bioetanol ha abierto una discusión necesaria sobre la forma en que se toman las decisiones públicas en Panamá. En este contexto, la decisión de la Asamblea de suspender su discusión constituye un paso correcto y prudente ante todas las interrogantes que aún no han sido resueltas en materia de empleo, impacto ambiental y costos reales para el consumidor; sobre todo, con insuficientes estudios que sustenten sus beneficios reales o mitiguen sus posibles efectos negativos. Un proyecto de esta magnitud no puede sostenerse únicamente en promesas de desarrollo sin evidencias. Más allá de su viabilidad técnica o política, el bioetanol requiere legitimidad social. Esa legitimidad se ve debilitada cuando surgen cuestionamientos sobre quiénes serían los verdaderos beneficiarios de la iniciativa. La investigación publicada por La Estrella de Panamá reveló vínculos entre sectores empresariales con relación directa al poder en el Gobierno y la Asamblea, lo que alimenta la percepción de que la ley podría favorecer a unos pocos en detrimento del interés general. Para despejar esas dudas, tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen la responsabilidad de abrir espacios reales de participación ciudadana antes de avanzar en decisiones con impacto a largo plazo. Panamá necesita avanzar hacia energías alternativas, pero ese camino no puede construirse desde la imposición. La suspensión del debate abre una oportunidad valiosa: promover una consulta nacional amplia, transparente y basada en evidencia. Solo así el futuro energético del país podrá construirse sobre consenso verdadero y no sobre acuerdos limitados a unos cuantos actores.