‘Bullying’ en Panamá

La realidad en las aulas panameñas es devastadora: ocho de cada diez estudiantes sufren acoso escolar, según datos de la fundación Somos Voz, No Silencio. El bullying en Panamá no es un conflicto pasajero ni un juego de niños; es una forma implacable de violencia que destruye la salud mental de nuestra juventud y, en los escenarios más oscuros, arrebata vidas. La reciente mesa técnica en la Asamblea Nacional para robustecer el marco legal contra esta problemática es un paso impostergable. A pesar de contar con la Ley 289 de 2022, la falta de una implementación efectiva la ha convertido en una promesa rota. Defender los derechos humanos fundamentales exige, de manera primaria, garantizar entornos educativos seguros donde ningún menor deba cargar con un sufrimiento invisible. Este desafío no le compete únicamente al Estado. La empresa privada, como motor de desarrollo, y las organizaciones civiles deben coadyuvar en la adopción de modelos preventivos con evidencia científica, como el programa KiVa, y en la capacitación urgente del cuerpo docente. La complacencia y el silencio nos vuelven cómplices. Una sociedad que normaliza el escarnio y desatiende el bienestar emocional de sus niños fracasa en su promesa de futuro. La nueva legislación no puede ser un trámite burocrático más. Romper la cadena del acoso escolar es un imperativo ético y social que exige firmeza, recursos y empatía para proteger a los más vulnerables de nuestra nación.