Cárcel de Coiba, la sombra autoritaria

La propuesta de reabrir un complejo carcelario en la Isla de Coiba representa un retroceso preocupante en la forma en que el Estado entiende la seguridad, el ambiente y la política penitenciaria. Coiba no es un espacio vacío ni un territorio disponible para soluciones improvisadas: es un parque nacional y Patrimonio Mundial, con un ecosistema único cuya recuperación ha requerido décadas de protección. En debate. Existe un fuerte rechazo de comunidades, empresarios y académicos, quienes han expresado su oposición al proyecto, pues no se trata únicamente de un riesgo ambiental evidente, sino también de una amenaza directa a su vocación científica, turística y de conservación, pilares que hoy sostienen su valor estratégico. Además, la evidencia muestra que trasladar reos de alta peligrosidad a lugares aislados no ha sido una solución efectiva para reducir la criminalidad ni desarticular el crimen organizado. El centro penitenciario de Punta Coco evidencia las limitaciones de este enfoque: el aislamiento no sustituye políticas de rehabilitación, inteligencia criminal ni fortalecimiento institucional. Asimismo, insistir en modelos de reclusión en islas remite a prácticas propias de regímenes autoritarios, lejos de los valores democráticos, con el agravante de que Coiba también carga con una memoria histórica dolorosa, al haber sido utilizada como prisión de detenidos políticos durante el régimen militar. Convertir una isla patrimonio nacional en una cárcel no traerá mayor seguridad ni justicia. Es una respuesta simplista a problemas complejos del sistema penitenciario. Panamá requiere políticas penitenciarias integrales, basadas en evidencia y respeto a los derechos humanos, y no decisiones que repiten errores del pasado sin resolver las causas estructurales de la criminalidad y la violencia en el país del país