El objetivo principal de este equipo interinstitucional, según el Ejecutivo, será gestionar la crisis social y laboral que enfrenta la provincia

El ruido generado por las declaraciones de una exmandataria de la República sobre el supuesto interés de algunos diputados de precipitar el fin de la presidencia de José Raúl Mulino, trastocando los términos de su mandato, muestra el grado de crispación en el que se encuentra la sociedad panameña en estos momentos. La aseveración es grave, pero sin nombres ni denuncias formales no es más que un murmullo baladí. Los opositores lo ven como “cortina de humo” ante la crisis, mientras que figuras cercanas al gobierno lo toman de abono para la teoría oficialista de “conspiración” tras las protestas. Es verdad que algunas fuerzas políticas buscan pescar en río revuelto, pero alimentar ideas de “conjuras secretas” no aporta nada al debate que no se está dando por las posturas del Ejecutivo y de algunos grupos en protesta. El rechazo a la Ley 462 y el memorándum con EE.UU. fueron solo disparadores de un malestar con raíces profundas; los problemas son de empleo, corrupción, desigualdad, seguridad, soberanía y libertad. Si alguien puede dar un golpe de Estado en Panamá es quien tiene el monopolio de las armas. La mejor forma de defender la democracia, es atacar de inmediato esos problemas estructurales, pero dentro de la democracia y construyendo consensos.