La información que publicó recientemente el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), arroja un escenario que requiere una reflexión profunda sobre medidas que garanticen una vida digna para nuestras niñas y adolescentes en Panamá. El último estudio del Unfpa refleja que hubo una reducción del embarazo adolescente en comparación con años anteriores; sin embargo, nos ubica como uno de los países con la mayor tasa de estos en América Latina y el Caribe. Mientras que esta tasa de fecundidad para Panamá se encuentra en unos 68,5 nacimientos por cada mil mujeres adolescentes, el promedio de la región ronda el 52,1 y a nivel mundial es de 41,8. Este vergonzoso “distintivo” nos obliga a preguntarnos qué estamos haciendo mal y qué debemos corregir desde todas las instituciones del Estado, pero también en la sociedad en general. No se trata solamente de una falla de las políticas públicas y afectaciones individuales, sino también implica una pérdida económica para al país al tener que destinar unos $1.500 millones para atender los embarazos adolescentes. Urgen políticas de prevención en educación, salud, justicia y seguridad; ninguna niña ni adolescente debe ser obligada a ser madre.

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