Indultos ofensivos

En sus últimos días de ejercicio del poder, Ricardo Martinelli firmó, con la entonces ministra encargada de Gobierno, Alma Lorena Cortés, una serie de decretos de indultos, excediendo claramente sus facultades constitucionales. No solo incluyó a gran parte de sus colaboradores más cercanos, a candidatos a cargos de elección popular, cuyas proclamaciones están siendo revisadas por la jurisdicción electoral, y a periodistas allegados a su gobierno, que se prestaron para ataques rastreros contra colegas independientes y adversarios políticos, sino que, además, incluyó a los miembros de la fuerza pública que están siendo procesados por la justicia, por haber supuestamente incurrido en delitos contra la vida y la integridad personal de ciudadanos y menores de edad. La figura del indulto presidencial debe ser revisada a fondo, para evitar los abusos que se vienen haciendo de ella. La Corte Suprema ha manifestado que no se pueden otorgar indultos, salvo que se trate de delitos políticos, rebelión, sedición y asonada, según la definición clásica que hace la doctrina jurídica de ellos, y que, además, se haya proferido sentencia condenatoria. Los indultos presidenciales como patente de impunidad, son una bofetada a la justicia y, por lo tanto, una grave ofensa a la sociedad.