La infancia como deuda
de Estado

Panamá arrastra una deuda persistente que ningún gobierno ha logrado saldar: la protección efectiva de su niñez. No es una carencia normativa ni un vacío legal lo que explica esta falla estructural, sino la reiterada incapacidad del Estado para convertir derechos reconocidos en realidades tangibles. Las leyes existen y son amplias. Los diagnósticos también. Lo que falta es continuidad, inversión y una comprensión cabal de que la infancia no puede seguir subordinada a prioridades coyunturales ni a cálculos políticos de corto plazo. La pobreza infantil, particularmente entre la niñez afrodescendiente e indígena, permanece anclada en cifras que avergüenzan a un país que se presenta como economía de ingresos medios altos. La exclusión que padecen miles de niñas y niños no se limita al ámbito económico. Se manifiesta en aulas donde la discriminación se normaliza, en comunidades donde la violencia es cotidiana y en instituciones que, lejos de proteger, reproducen estigmas. Cuando el origen étnico o el lugar de residencia condicionan el acceso a derechos básicos, el principio de igualdad queda reducido a una declaración formal. La infancia no puede seguir siendo una línea secundaria en el presupuesto ni retórica en los discursos oficiales. Protegerla exige políticas públicas evaluables, recursos suficientes y una acción estatal coherente que trascienda los cambios de gobierno. No se trata de caridad ni de asistencialismo, sino de una obligación constitucional y moral.