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A pocos meses de que se cumpla el segundo año de gobierno, resulta preocupante la falta de ejecución del presupuesto de inversión del Ministerio de Educación. Las cifras hablan por sí solas: de un monto asignado por ley de $1,652 millones para 2025, terminó modificado en $1,215 millones, con apenas $209 millones ejecutados en inversión, es decir, poco más del 17,2%. Este bajo nivel de ejecución no es un simple dato técnico; ocurre mientras persisten escuelas deterioradas, estudiantes sin recursos adecuados y docentes que siguen enfrentando múltiples carencias. Las necesidades del sistema educativo son evidentes y urgentes, por lo que resulta incomprensible que los fondos destinados a inversión permanezcan, en gran medida, sin utilizar. Más preocupante aún es el intercambio de responsabilidades entre instituciones. El Ministerio de Educación señala al Ministerio de Economía y Finanzas, mientras este último no da claridad sobre el asunto. En medio de este cruce de posturas, la ciudadanía queda sin respuestas ni soluciones concretas. ¿Vamos a normalizar que la burocracia o la falta de coordinación se conviertan en excusas frente a un problema que impacta directamente el futuro del país? Cada dólar no ejecutado correctamente es una oportunidad perdida para mejorar la infraestructura escolar, cerrar brechas educativas y garantizar condiciones dignas para el aprendizaje. Basta de excusas. La educación no puede seguir esperando. Es momento de asumir responsabilidades, transparentar la gestión y, sobre todo, actuar con la urgencia que nuestros niños y jóvenes merecen.