Opacidad portuaria

La decisión de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) de restringir por 10 años el acceso a expedientes relacionados con concesiones, licencias e investigaciones marítimas resulta injustificable. Se trata de información vinculada a bienes y actividades de interés nacional, por lo que cualquier limitación debe tener razones sólidas, claras y convincentes, que el director de la AMP, Luis Roquebert, no ha dado. Es positivo que el presidente José Raúl Mulino haya pedido reconsiderar la medida, especialmente cuando se trata de los puertos, un activo estratégico para la economía nacional. Pero este episodio de opacidad impulsado por la AMP deja una pregunta incómoda: ¿cómo una decisión de este calibre termina siendo corregida por el propio presidente a través de un tuit y qué dice eso sobre quién está tomando realmente las decisiones? Además, la medida alimenta las dudas ciudadanas sobre cómo se ha manejado el sector portuario en los últimos años; buscar ahora restringir información solo profundiza la desconfianza y proyecta una imagen de opacidad que Panamá no necesita. El problema también trasciende nuestras fronteras. Panamá debe proyectarse como un país donde las políticas de Estado y el interés público estén por encima de intereses particulares o coyunturales. Los puertos son demasiado importantes para la economía nacional como para administrarlos bajo sospechas de falta de transparencia. La decisión de la AMP no solo fue innecesaria, sino un pésimo mensaje en momentos en que los puertos son apetecidos por poderes extranjeros y deben ser protegidos en favor de los intereses panameños.