El fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional el mecanismo de listas cerradas y votación indirecta para las candidaturas a diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) se convierte, hasta ahora, en el principal cambio de juego en los procesos electorales rumbo a los comicios de 2029. A partir de esta decisión, quienes aspiren a representar a Panamá en el organismo deberán buscar directamente el voto ciudadano, como lo hace el resto de los candidatos a cargos de elección popular. Una medida que reduce la posibilidad de que exfuncionarios utilicen la institución regional como refugio para evadir la justicia cuando enfrentan procesos judiciales. Este fallo representa un paso hacia una mayor democratización de la representación, que ya no estará escondida tras el mar de votos indirectos de partidos y candidatos presidenciales por libre postulación. Un mecanismo absurdo que, en la práctica, solo sirvió para garantizar la impunidad de expresidentes y otros exfuncionarios de alto perfil. La decisión abre la oportunidad de retomar el debate sobre las razones por las cuales Panamá debe permanecer en el Parlacen, pese a su conocido uso utilitario y politiquero por parte de ciertos políticos y empresarios. Mientras en ese organismo no se respete el espíritu con el que fue creado ni se cumpla realmente su rol en la anhelada integración regional, carece de sentido seguir enviando diputados cuyos gastos recaen sobre la población.

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