Pobreza inaceptable

A pesar de que el Estado panameño destina cientos de millones de dólares a programas de transferencias monetarias, los resultados siguen sin reflejar el impacto esperado. Solo en 2025 se asignaron $380,9 millones a estas iniciativas, pero más del 75% de la población en pobreza extrema continúa sin recibir asistencia estatal debido a fallas en la focalización. El informe “Pobreza infantil en Panamá”, del Banco Mundial, Unicef y el Mides, alerta sobre la persistencia de brechas estructurales. El problema no solo radica en el diseño de las políticas, sino también en su distribución territorial y en la forma en que se ejecutan. Provincias y comarcas con mayores niveles de pobreza multidimensional, como Bocas del Toro, Darién, Guna Yala y Emberá Wounaan, figuran entre las de menor cobertura de programas sociales, según datos del Mides y del Ministerio de Economía y Finanzas. Aunque las transferencias han contribuido a reducir la pobreza, su alcance sigue siendo limitado: solo entre el 6% y el 23% de la población más pobre recibe apoyo de programas como 120 a los 65, Red de Oportunidades y Ángel Guardián. La evidencia es clara: las transferencias monetarias directas no bastan. La desigualdad territorial, la débil focalización y la ausencia de servicios básicos mantienen a las poblaciones más vulnerables fuera del alcance de la política social. El problema no es solo de recursos, también lo es la provisión eficiente de servicios básicos a la población. Panamá requiere con urgencia políticas públicas claras, coherentes y sostenidas contra la desigualdad. No es aceptable que un país con el nivel de ingresos y crecimiento que tiene Panamá mantenga amplios sectores de su población en pobreza extrema. Es una realidad insostenible que exige acción inmediata del Ejecutivo, sin más justificaciones ni demoras.