Las cifras forman parte de las proyecciones de la cartera agropecuaria del Banco Nacional de Panamá, donde existen unos 5,400 productores activos. El banco...
El reciente doble homicidio ocurrido en la región de Panamá Norte, uno de una persona que realizaba trabajo comunitario en una junta comunal y otro de un teniente de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones; coincide, según la información suministrada por las autoridades, con una modalidad propia del sicariato. A bordo de una motocicleta, utilizando armas de fuego y con una precisión planificada, los criminales perpetraron estos atroces hechos, que se suman a otros asesinatos cometidos por sicarios en los últimos tiempos. Esta tragedia deja en evidencia los riesgos que enfrenta la fuerza pública y la vulnerabilidad existente al momento de combatir al crimen organizado: bandas bien estructuradas, con gran poder económico y conexiones internacionales. Aunque el caso aún se encuentra bajo investigación, vuelve a poner sobre la mesa serios cuestionamientos sobre la estrategia gubernamental para enfrentar la delincuencia organizada, especialmente cuando, pese a las incautaciones y algunas detenciones, la criminalidad vinculada al narcotráfico continúa en niveles alarmantes. La lucha contra estas estructuras criminales exige un trabajo coordinado entre los estamentos de seguridad y el sistema de justicia, así como la participación activa del resto de las instituciones públicas y del sector financiero. Si realmente se quiere frenar el avance del narcotráfico que corroe a nuestra sociedad, es indispensable una estrategia integral contra el crimen organizado, que no solo refuerce la acción represiva, sino que también ataque sus ramificaciones en los ámbitos financiero y político, así como sus infiltraciones en las instituciones del Estado y en el sector empresarial. Este es el camino para proteger la institucionalidad y evitar que más civiles o miembros de la fuerza pública sigan cayendo en esta luch