Sociedades y transparencia

El último caso ligado a una investigación por presunto tráfico de influencias contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y en el que aparecen vínculos con Panamá, vuelve a plantear la necesidad de fortalecer el sistema financiero del país mediante reglas claras, modernas y efectivas que no deben posponerse más. Cada caso que involucra estructuras societarias locales utilizadas en investigaciones internacionales refuerza la percepción de vulnerabilidad del sistema, incluso cuando los hechos se originan fuera del país. Panamá ha cargado durante años con una imagen simplificada e injusta, donde se le asocia de forma automática con prácticas irregulares derivadas de escándalos globales que no siempre reflejan la realidad institucional ni los avances regulatorios del país. Esa percepción, sin embargo, solo puede corregirse con acciones concretas y sostenidas. En ese sentido, resulta especialmente relevante la iniciativa de la ley de sustancia económica, recientemente elevada al Ejecutivo para su sanción. Esta normativa representa un paso importante hacia la consolidación de estándares más exigentes de transparencia, al requerir que las sociedades constituidas en el país demuestren actividad real, estructura operativa y presencia económica verificable. En estos casos, aunque no se trate de hechos originados en Panamá, su conexión impacta directamente la credibilidad del sistema jurídico y financiero nacional. Por ello, más allá de la polémica, lo esencial es avanzar hacia un modelo donde las sociedades anónimas no sean vistas como vehículos opacos, sino como instrumentos regulados y transparentes. Aún así, persiste la percepción de que el sistema financiero no ha alcanzado niveles suficientes de transparencia. Fortalecer los controles no debilita la competitividad del país; al contrario, la refuerza. Panamá debe seguir limpiando su nombre con hechos, solo así podrá cerrar definitivamente la brecha entre percepción y realidad internacional y consolidar confianza sostenida.