Injusticias de la justicia

La justicia tiene que ser expedita. No hay duda de que una justicia lenta, al final se convierte en injusta. Si evaluamos lo ocurrido recientemente al ex presidente Ernesto Pérez Balladares, vemos las consecuencias de una justicia mal manejada. El presidente fue acusado, se inician las investigaciones, y, un fiscal ordena su arresto. En base ¿a qué? ¿Que se iba a ir del país? ¿Que no hubiese esperado a un juicio? Ese fiscal debió saber que algunas personas, si no todas, tienen integridad moral, tienen un nombre que honrar, una familia que proteger. Ante esas denuncias no dudo que Pérez Balladares, como lo hubiesen hecho otros ex presidentes y personas honorables, hubiese querido aclarar a la saciedad las acusaciones. Los otros inculpados en el mismo caso no fueron arrestados, y todos enfrentaron la justicia. Tenemos que concluir que la orden contra el ex presidente entonces tenía otro propósito, no el asegurarse que fuese a juicio.

Hoy, el juez ya dio su fallo con sobreseimiento definitivo a todos, descartando la solicitud de condena de los fiscales. Pero haciendo justicia, no se pueden devolver los días de arresto domiciliario ni las tribulaciones causadas, ni mucho menos el tiempo perdido en estos menesteres sin mencionar los costos. Ernesto Pérez Balladares, como todos los inculpados, recobra su libertad y en gran medida su nombre, pero volvemos a pensar en todos esos casos conocidos y otros no de personas arrestadas esperando juicio para luego de años salir libres al probar su inocencia. Continuamos con un sistema que llena las cárceles de quienes perfectamente podrían seguir libres esperando el juicio en sus trabajos y casas. La cárcel debería ser para los ya condenados y aquellos investigados de delitos mayores, como droga, violación, homicidio o robo a mano armada.

Nuestras cárceles tienen una sobrepoblación producto de arrestos excesivos. Hoy, buscamos solucionar cómo mejorar las instalaciones y agrandarlas, cuando debemos iniciar por establecer los parámetros sobre quiénes deben permanecer o estar arrestados en ellas. Es conocido el desorden con el que se maneja el inventario de detenidos, donde inclusive permanecen presos algunos que ya cumplieron más de la pena que les tocaría si fuesen algún día a juicio.

El problema no está en quién administra las cárceles, es poner gente capaz a administrarlas, con tecnología, hoy hay ya computadoras que pueden manejar con un programa todo lo referente al detenido. Hay tecnología que permite mucho mejor vigilancia que el antiguo guardia en una torre y una cerca perimetral. Pero hay que invertir en el sistema, así como copiar las prácticas de países más avanzados, donde el detenido trabaja en la prisión y produce con lo que cubre parte de sus costos de estadía. No hay razón para que los propios presos no puedan cocinar su comida, confeccionar sus uniformes y hasta producir productos a mercadear fuera de la prisión.

De igual forma, hay que legislar para ser más expedito en la utilización de los bienes cautelados en casos particularmente de narcotráfico. ¿Alguien se ha preguntado cuántos apartamentos y casas están todavía en manos del Ministerio Público sin utilizar? Conozco de un apartamento que debe ya dos años de mantenimiento y mantiene inclusive comida en su refrigeradora, sin electricidad desde entonces, clausurado por el fiscal antidrogas y esperando quizás que se dé una epidemia en todo el edificio.

¿Por qué mejor no alquilarlos mientras se da la investigación o asignarlos para uso y así no dejar que se pierda su valor? ¿Cuántos autos confiscados, aviones, botes, siguen sin uso definido ni mantenimiento? ¿Por qué no obligar al Ministerio Público a mantener una listados público de los bienes que reposee hasta cuando sean asignados en forma definitiva. ¿Quién controla esto?

La democracia requiere fundamentalmente de un sistema de justicia para sobrevivir. Es hora de que le demos la prioridad necesaria a resolver los problemas de nuestro Órgano Judicial, si realmente queremos fortalecer nuestra democracia. No es solo la designación de los magistrados de la Corte Suprema, jueces y fiscales, es todo el sistema desde los investigadores, jueces y magistrados hasta el sistema carcelario. Si algún día nuestros ciudadanos creyesen en el Ministerio Público y en los controles de la Contraloría General dormiríamos todos más tranquilos. Pero ni en uno, ni en el otro se cree.

*INGENIERO Y ANALISTA POLÍTICO.