Si por allá llueve...

EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

N os ha conmovido a los panameños y a muchos españoles lo acontecido a un compatriota médico, Juan Rodríguez Lizondro, quien fue encarcelado durante seis meses debido a una prueba provisional sobre droga que resultó positiva. De manera rauda, la Embajada de Panamá en España se interesó en el caso y mantuvo permanentes contactos tanto con el abogado como con las autoridades.

Faltaba la segunda y definitiva prueba de laboratorio que prometieron entregar en un mes, pero que tardó seis, al cabo de los cuales se determinó que el médico era inocente. Como una agravante en el caso podemos citar el hecho de que el doctor bugabeño había sido invitado por el gobierno español para que asistiese a unos cursos de medicina en la Universidad Carlos III.

Creo que el Gobierno de España debe reparar el injusto daño producido al galeno, no solo indemnizándolo adecuadamente por el periodo de privación de su libertad, que, como dice Don Quijote, es el bien mayor que un ser humano tiene, sino invitándolo nuevamente a ir al curso para el cual había sido merecidamente becado y ojalá que el Ministerio de Justicia, por conducto del de Relaciones Exteriores, brinde las excusas que la diplomacia prescribe.

No creo que sea el primer caso que ocurre en que tras una prueba preliminar, la segunda prueba se retrasa por culpa de la burocracia. El caso del doctor Rodríguez Lizondro ha llamado la atención por su condición de profesional, porque entró en España con beca y porque su religión, de la que es creyente y devoto practicante, lo aleja de las drogas.

El País, el medio de mayor circulación en España, menciona el hecho en primera plana, le dedica una página entera y además uno de los editoriales del día martes 6 del presente mes. Quién sabe cuántos más habrán sido víctimas de un error probatorio y han sido encarcelados hasta la espera de que la prueba definitiva los exonere de culpa. Sin embargo, si por allá llueve, por Panamá no escampa.

En primer lugar, son muchos todavía los delitos que implican detención preventiva. Tal situación no sería tan deplorable si los juicios fuesen más rápidos, pero a veces tardan en efectuarse hasta tres y cuatro años y, como bien sabemos, un alto porcentaje de los procesados son sobreseídos, generalmente por errores en el expediente, bien de carácter probatorio, otras veces por defectos en la instrucción del sumario y también por ausencia de la tecnología capaz de determinar la responsabilidad de los autores de un hecho criminal.

En segundo lugar, cuando esos procesados salen absueltos han pasado varios años en la cárcel y no reciben indemnización alguna por parte del Estado. A veces esos sindicados son extranjeros y permanecen en cárceles donde no se habla su idioma ni reciben visitas de familiares. Al dictarse sobreseimiento en sus causas, no reciben, que se sepa, ninguna reparación de tipo pecuniario.

Está bien que veamos la paja en el ojo ajeno, pero ojalá que esa misma indignación que nos ha producido el vejamen judicial hecho a un compatriota, nos lleve a mejorar nuestra organización judicial, para que se detenga preventivamente nada más que por delitos de alta peligrosidad y que los procesos culminen en menos tiempo del que toma actualmente.

No es asunto de comparar entre países desarrollados y en vía de desarrollo, porque en Estados Unidos han liberado a personas que han estado cumpliendo penas durante decenas de años al descubrirse que el ADN no coincidía con el de esa persona, que así, de victimario, pasaba a convertirse en víctima de un error judicial.