La esposa del César...

En el karaoke cibernético en que se ha tornado nuestra administración pública se destaca la renuncia irrevocable revocada por el ministro de Economía y Finanzas, en un episodio que profundiza la pérdida de confianza de los panameños en quienes supondrían estar gobernándoles en función del bien común.

Más sorprendente aún resultó su declaración ripostando que no recordaba haber dicho lo que The Economist dijo que dijo, que se entiende como confesión virtual. Esta Salida Pinocchio sólo sorprenderá internacionalmente, puesto que aquí la trayectoria creativa del locuaz ex—ministro (en funciones), pocas veces se ha visto enmarcada dentro del bien común que supondría procurar.

Antes de tomar posesión en julio 2009, el ingeniero Alberto Vallarino exteriorizó su convicción de que se asienta por encima de la Ley —al exteriorizar su ira al serle rehusadas declaraciones de renta de PYCSA Panamá, S. A., a las que sólo tendría derecho, una vez en el cargo.

Repucheta similar se televisó desde la Asamblea, al retar a su fiscalizador a que encontrara en el Presupuesto un real destinado a ‘comprar’ corredores con valor de reemplazo de US$425 millones, por $1,070 millones. (No dijo que no existía, sino que no podría ubicarlo). Resultó que, tan sólo para rescatar a ICA allá en México —incluyendo sus bonos ‘no muy kosher’— se nos fueron (esto sí ‘irrevocablemente’) $25 millones. Y falta PYCSA...

Pero su peor pecado fue engatillar la inflación que azota a los pobres, al aumentar al 7% el ITBMS, la forma más cruel de tributar, y desencadenó una bola de nieve imparable en un país sin moneda propia.

El mundo que nos mira se pregunta cómo fue que colocó bonos por $1 mil millones, proyectando en el Japón un sector que incluía ETESA y Tocumen, sabiendo que a 18 meses las excluiría, junto con ENA. Esto no proyecta una planificación demasiado profesional... Con ellos redimió bonos ‘irredimibles’ por $300 millones, dados en pago por Martín Torrijos a la Caja de Seguro Social. Sustituir dinero caro (8¼%) con fondos más baratos (5%) es recomendable, pero jamás cuando ambas partes integran un mismo sector público —y la ganancia de una, implica pérdida para la otra... Luego, para maquillar los estados financieros del Banco Nacional, la CSS que toleró semejante desafuero colocó en el banco oficial (al ½%) fondos que anteriormente le devengaban 8 1/4%. Le ha costado a la Caja casi $40 millones —¡desde noviembre 2009 hasta ahora!

De esto nos enteramos, de refilón, en un gobierno que hace letra—muerta de la Ley de Transparencia y se rehúsa a reglamentarla. Y, en una economía mal entendida, Vallarino resucitó una norma fiscal que grava con $8 peticiones que nuestra Constitución contempla como garantía fundamental y por ende exenta de timbres. Ello dificulta el debate democrático informado, reduciéndolo a tweeterazos. Y al mundo aturdido por el caos griego se le descubre que nuestras instituciones también son ficción jurídica, si los panameños prevén una reedición del diluvio universal, si cumple su palabra.

*TRADUCTOR.