Las partidas discrecionales en EE.UU.

El pasado 7 de febrero, el Washington Post, uno de los más prestigiosos en EE.UU., publicó la lista del uso y destino que 33 congresistas (Total de 435 representantes y 100 senadores) le daban a sus partidas discrecionales (congressional earmarks) o fondos para ser utilizados en proyectos específicos, algo así como nuestro corrupto FIS, ahora PAN.

Un senador de Alabama (en cada estado sólo hay dos senadores) dirigió más de 100 millones de estas partidas para renovar el centro de la ciudad de Tuscaloosa, muy cerca del edificio de oficinas comerciales de su propiedad; buena manera para revalorizarlo. Un representante de Georgia aseguró 6.3 millones en fondos de los contribuyentes para arreglar una playa, ubicada a 900 pies de su propiedad vacacional. Esto me recuerda que, en el período 84-89, algunos diputados (de oposición) lograron del extinto IRHE luminarias para sus casas de playa, cuando faltaban muchas en el resto del país o cuando se diseñó el Corredor Sur, dándole copia por anticipado del mismo a inversionistas allegados, que por una bicoca adquirieron las propiedades aledañas a la nueva vía.

Otro representante de Michigan logró 486 mil para agregar a un puente un carril para montar bicicletas ubicado a metros de su residencia. Esto recuerda lo que algunos del gobierno (84-89) hicieron con una constructora (Las Delicias), que servía de receptora de fondos de sus partidas circuitales: no se llegó a probar que ni siquiera habían construido un metro de nada.

De acuerdo a las reglas éticas escritas por el mismo Congreso de EE.UU., el uso de esas partidas en la forma como se ha hecho es legal y no tiene por qué ser revelado. Algo parecido a lo que existe en Panamá, cuando se trata de investigar el paradero de todos los recursos que durante años han recibido los legisladores o diputados para ‘el uso de sus circuitos’.

La investigación del Washington Post, posible por la transparencia como se manejan los documentos públicos en EE.UU., revela que los proyectos de los 535 miembros de su Congreso fueron escrutados, desde 2008. El examen hecho por el prestigioso diario revela que 16 legisladores que asignaron dinero a compañías, universidades o programas comunitarios tienen a sus esposas, hijos o familiares trabajando en esos lugares.

Ante la protesta ciudadana por estos abusos antiéticos, aunque ‘legales’, de que los legisladores se están enriqueciendo con dineros públicos, la pasada semana el Congreso aprobó algunas tibias medidas de transparencia para sus miembros: deben reportar el monto de sus hipotecas. Se discute si deben reportar las transacciones bursátiles que hagan cada 30 días, a efecto de determinar si utilizan información confidencial que conoce en función de los puestos que tienen.

Si bien en Panamá, con aquello de las declaraciones de bienes de un número plural de funcionarios, podría considerarse estamos más avanzados, es poco lo que se puede auditar ante la imposibilidad de poder cotejar con cuánto entraron y con cuánto salieron. Al menos en EE.UU. los medios de comunicación tienen la posibilidad de escrutar la información donde todas esas vagabunderías se esconden. Creo que en Panamá nos merecemos la publicación de esas listas, con las que de vez en cuando se nos amenaza hará la Contraloría General de la República.

EMBAJADOR, REPRESENTANTE PERMANENTE DE PANAMÁ ANTE LA OEA.