Acuerdos a medias y sin claridad

El ‘diálogo’ entre el gobierno panameño y los líderes de la Comarca Ngäbe Buglé culminó, según las partes, en un acuerdo a medias, sin claridad y con un grado de compromiso casi inexistente. Mientras que el gobierno del presidente Ricardo Martinelli se levantó de la mesa anunciando que los proyectos hidroeléctricos en la Comarca continuarían, los indígenas aseguraban que el acuerdo limita el poder del gobierno para aprobar cualquier iniciativa en esa dirección. La ambigüedad sólo augura pesados nubarrones cargados de malos presagios para el futuro inmediato.

Los medios de comunicación no informaron cuáles fueron los acuerdos. El gobierno se limitó a decir que presentaría nuevamente el conflictivo artículo 5 del proyecto de ley a la Asamblea. La delegación Ngäbe Buglé, encabezada por la cacique Carrera, informó a sus bases y anunció que vigilaría los debates en la cámara de los diputados.

¿En qué consisten los acuerdos? El Bloque Popular Universitario —grupo político estudiantil— resumió los siete puntos acordados por los ngäbe buglé, el Ejecutivo y avalados por la Iglesia Católica y la oficina regional de la ONU con sede en Panamá:

1. ‘Se acordó cancelar todas las concesiones y solicitudes de concesiones para la exploración y explotación de recursos naturales (mineras) vigentes a la fecha en la comarca y áreas anexas’. Este punto, en realidad, no estaba en la mesa de negociaciones. Incluso, el Gobierno Nacional anunció su intención, independiente de cualquier demanda de los pueblos indígenas, de poner fin a la ley de CODEMIN, empresa estatal dueña de la concesión de Cerro Colorado. La extracción de cobre de esa mina puede producir un total de US$250 mil millones de ganancias en un período de 70 años. Con esta modificación, se crean las condiciones para la privatización de esa mina cuprífera.

2. ‘Se estableció que las solicitudes futuras de concesiones deberán contar con la aprobación de los congresos locales, regionales y comarcales y ser sometidas a referendo en las circunscripciones afectadas’. Este punto está establecido en la ley que creó la Comarca Ngäbe Buglé en 1997. El pliego original de los indígenas planteaba que no habría solicitudes de tipo alguno en el futuro. Los ngäbe buglé exigían que se cumpliera con la Ley, al igual que en Guna Yala, donde sólo hay propiedad colectiva sin concesiones.

3) ‘Se estipuló que, de aprobarse alguna concesión de acuerdo a los criterios anteriores, deberá establecer un beneficio mínimo del 5 por ciento de la facturación anual como resarcimiento para la comunidad... (Además,) por lo menos el 25 por ciento de la fuerza de trabajo debe contratarse en el área’. Los propietarios colectivos de la tierra y su riqueza sólo recibirían el 5 por ciento del producto de la facturación. Con la experiencia adquirida en el último siglo y medio de negociaciones en el mundo entero, esta concesión y sus supuestos beneficios son inadmisibles. Es indigna, además, la oferta concerniente al 25 por ciento de la fuerza de trabajo no calificada. Incluso, Omar Torrijos cuando negoció la explotación de la mina Cerro Colorado con los empresarios canadienses en 1975 (hace más de 35 años) exigió más del 50 por ciento de los ingresos y, además, la formación de los profesionales (ingenieros, economistas, geólogos y otros) panameños que trabajarían en la explotación de la mina.

4) ‘Se convino crear un fondo especial para el desarrollo de la Comarca. Los beneficios serán administrado a través de un patronato por dos representantes del Congreso General, dos por el Congreso Tradicional y uno del Consejo de Coordinación’. El Gobierno Nacional no esconde su carta debajo de la manga, sabiendo que pueden manipular este ‘fondo especial’ para su propio beneficio.

5) ‘En caso de aprobarse algún proyecto minero o hidroeléctrico, serán indemnizadas las familias afectadas’. Esto está en toda ley y en ningún momento era parte de la negociación.

6) ‘Respecto al proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, en ejecución en este momento, se nombra una comisión compuesta por los mismos sectores que integraron la mesa de diálogo para revisar el estudio de impacto ambiental, pero la obra no se detendrá, salvo al momento de hacerse la inspección. Si hubiera controversia sobre ese proyecto, se nombrará una comisión independiente para realizar un peritaje’. Sin duda, este era el punto más álgido de la negociación y la que le costó la vida a dos jóvenes trabajadores indígenas, quienes protestaban por la insistencia del gobierno de que el proyecto Barro Blanco ‘va porque va’. La consigna era que no se aceptaba la hidroeléctrica, porque causaría daños irreparables al Pueblo Ngäbe Buglé. Según este acuerdo, todo indica que el gobierno quiere imponer su criterio. El Pueblo Ngäbe Buglé no lo quiere e independientemente de la firma de un papel en la mesa del ‘diálogo’ todo indica que seguirá resistiendo, cueste lo que cueste.

7) ‘Se acordó el diseño de un Plan de Desarrollo Integral para todos los pueblos originarios de Panamá’. Este séptimo y último supuesto acuerdo está en todas las leyes que crean comarcas en Panamá. Es letra muerta, porque los gobiernos de turno no tienen interés en ejecutar planes de desarrollo integrales en parte alguna de la República.

PROFESOR DE LA UP E INVESTIGADOR ASOCIADO DEL CELA.