Rapiña y corrupción frenan desarrollo

En el 2009, la población fastidiada por el deterioro al cual estaba sometida, debido a la acción inescrupulosa de gobernantes oportunistas, acudió a las urnas multitudinariamente a conceder un voto de confianza al entonces candidato presidencial Ricardo Martinelli, quien prometió ‘un cambio positivo’.

Bajo esta óptica, el pueblo supuso el fin de los fueros y privilegios de diputados, altos funcionarios gubernamentales y allegados al poder, creyendo ver mejorada su calidad de vida.

Lamentablemente a casi tres (3) años de gobierno, diversas encuestas de opinión, como Dichter & Neira, señalan que arriba del 50% de la población encuestada desaprueba la gestión Martinelli. Desaprobación sustentada, en parte, por la percepción que tiene la población sobre la poca transparencia en el manejo de la Cosa Pública y la corrupción que ahoga el engranaje gubernamental.

Uno de los mayores desaciertos de la actual gestión se observa en la Asamblea Nacional de Diputados, donde políticos opositores manifiestan que se les ofrece millones de dólares a cambio de sumarse a la fila del partido oficialista Cambio Democrático y ahora el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA).

Autoridades eclesiásticas, organizaciones civiles, gremiales, sindicales, medios de prensa y la población en general vienen manifestado su desaprobación a la promoción del transfuguismo.

El transfuguismo no es nuevo y ha sido utilizado en administraciones predecesoras. La ciudadanía se queja de que la administración Martinelli no solo haya incumplido su promesa, del añorado cambio positivo, sino que la corrupción se ha profundizado al permitir, auspiciar o tolerar esta práctica, dañina, que afecta en millones de dólares el erario público. Fondos que podrían ser utilizados para obras públicas o cancelar los seis XIII mes adeudados a funcionarios y exfuncionarios del Estado.

Entendidos en la materia cuestionan que otros hechos que han contribuido a deteriorar extraordinariamente la credibilidad de la actual gestión de gobierno son: el manejo de las concesiones mineras y de hidroeléctricas, las supuestas compras de radares a sobrecostos, el alto porcentaje de compras directas y adendas con sobreprecios en licitaciones públicas, los escándalos de ANATI y Migración, entre otros.

Si bien se han cometido muchos errores, también hay que reconocer que se ha dado continuidad a programas de beneficio social como la Red de Oportunidades y Jumboferias, que reemplazaron las ferias Compita de la pasada administración. Además de nuevos programas de subsidios como: 100 para los 70, becas universales y devolución de impuestos a quienes ganan hasta mil dólares.

El escenario planteado debe llevar a una profunda reflexión de las autoridades, a fin de buscar un cambio de ruta que descontamine la administración pública de la rapiña y corrupción que la corroe.

Por otro lado, si realmente se quiere mejorar la calidad de vida de la población, urge implementar políticas antimonopolísticas, para evitar la inflación, producto de la especulación en los precios y dejar de pensar en la venta de activos valiosos del patrimonio nacional como las tierras de la Zona Libre de Colón y las acciones de telefonía y electricidad, que solo beneficiarán el bolsillo de políticos, empresarios y allegados al poder.

ECONOMISTA Y EDUCADORA.