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24 de May de 2022

  • Redacción Digital La Estrella

Opinión

Administración de justicia selectiva

E s innegable que el país requiere, con urgencia, cambios profundos en todos los órdenes de la vida nacional. La constante violación de ...

E s innegable que el país requiere, con urgencia, cambios profundos en todos los órdenes de la vida nacional. La constante violación de los derechos humanos se refleja en una permanente impunidad, en el aumento de la violencia institucional, en la corrupción del sistema de administración de justicia.

Los recientes hechos denunciados contra la defensora del Pueblo constituyen un eslabón más en la cadena de actos de corrupción en los que se han visto involucrados altos funcionarios del gobierno de Ricardo Martinelli. El caso de la Sra. Portugal, cuestionable por el posible uso indebido de fondos, por la institución que representa y la actitud con que enfrenta la situación, no necesariamente se trata del más escandaloso y sonado en nuestro medio.

En todas las administraciones regentadas por los partidos tradicionales se han presentado denuncias e información en los medios sobre proyectos financiados con los recursos del Estado, que no se corresponden con las erogaciones realizadas o que son de dudoso manejo.

Cabe recordar el sonado caso del Puente Van Dam; las partidas para damnificados del terremoto de Bocas del Toro; los sobrecostos en la construcción de los corredores Norte y Sur; la falta de transparencia en los procesos de privatización de las empresas públicas; la casa de Punta Mala; el proyecto del Puente Centenario; el dinero en el helicóptero siniestrado; los sobrecostos en la construcción de aulas para eliminar supuestamente las escuelas rancho; sobrecostos en la Cinta Costera; el uso indebido de fondos a través del FIS, ahora PAN. Estos y otros actos de las anteriores administraciones han quedado impunes.

Durante la administración de Cambio Democrático los hechos denunciados acerca de posibles malos manejos de fondos públicos profundiza más el deterioro institucional. No podemos olvidar las denuncias públicas acerca de la compra de artículos para el MIDES con precios exorbitantes; la creación de nuevas empresas hechas a la medida para que, por medio de contratación directa, realicen proyectos del Ministerio de Educación y Trabajo, entre otros; los sobrecostos en la compra de radares; los escandalosos sobrecostos de los proyectos de infraestructura vial; el uso de información privilegiada acerca de proyectos del Estado para favorecer intereses particulares de amigos, socios, copartidarios y familiares.

Se trata de una gran cantidad de denuncias e informaciones que debieran conducir a investigaciones serias por parte del Ministerio Público.

Es cuestionable la nula participación de la Contraloría General de la República en la supervisión y fiscalización del uso de los recursos del Estado, así como de la Procuraduría General de la Nación; que pone de relieve la ingerencia del Ejecutivo en todos los campos de la Administración Pública, de Justicia, en el Órgano Legislativo, situación que se ha dado en todos los gobiernos y se ha agudizado con el actual.

La población exige, una vez más, una investigación seria, imparcial, no selectiva, sobre éstos y otros casos, que garantice que los culpables serán castigados. Para ésto proponemos la instalación de una comisión independiente que garantice el respeto a los panameños mediante una justicia real y efectiva.

La situación precisa de medidas urgentes, que implican una conducción distinta del Estado, que solo podrá surgir de un proyecto ético en cuanto a la forma de hacer política, que nos libere de la mafiocracia que por décadas ha sumergido a nuestro país en conductas inmorales y producido el descalabro institucional. Ese proyecto es el Frente Amplio por la Democracia (FAD).

Se requiere castigar los hechos de corrupción a los distintos niveles de gestión del Estado, así como frenar la corrupción, estableciendo mecanismos de controles eficientes. Frenar y castigar el tráfico de influencias, la corrupción, el nepotismo y la impunidad, así como respetar efectivamente la independencia de los poderes del Estado.

La falsa democracia que se nos impone, permite que quienes son electos actúen como si se les hubiera dado un ‘cheque en blanco’, desconociendo los verdaderos intereses del pueblo. Lo señalado nos plantea el deber impostergable de producir cambios en la sociedad, un proceso de trasformaciones estructurales en todos los aspectos de la vida nacional.

SECRETARIO GENERAL CONUSI-FRENADESO.