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03 de Jun de 2020

Redacción Digital La Estrella

Opinión

¿Para qué un Viceministerio de Asuntos Indígenas?

La desigualdad que afecta a los pueblos indígenas de Panamá, es un problema estructural, histórico, complejo y no consecuencia de la fal...

La desigualdad que afecta a los pueblos indígenas de Panamá, es un problema estructural, histórico, complejo y no consecuencia de la falta de integración de los indígenas al desarrollo desigual de Panamá. Por el contrario, este empobrecimiento se deriva de un modelo de integración asimétrico, desventajoso y fundado en el racismo.

Durante muchos años, hasta la actualidad, los pueblos indígenas fueron vistos, como pobres y dignos de lástima, de allí la frase ‘nuestro indios’, ‘reducirlos a la vida civilizada’ y ‘asimilarlos culturalmente’ y, en el peor de los casos, como obstáculo para el desarrollo y el progreso del país.

El Estado panameño, y los sucesivos gobiernos desde la época republicana hasta ahora, han sido incapaces de proveer a los pueblos indígenas de las condiciones de equidad e igualdad; al contrario, la integración, sinónimo de homogenización, derivó en un menosprecio de su capacidad y fortaleza para definir su propio desarrollo con identidad. En consecuencia, las culturas indígenas no fueron tomadas en cuenta para enfrentar exitosamente el desarrollo del país.

Si bien el propósito integrador partía del reconocimiento de la necesidad de hacer justicia a los pueblos indígenas e implicó muchas investigaciones e investigadores entregados y de buena voluntad, pero siempre se consideró, que la pobreza histórica era consecuencia de que el ‘indio no se quería civilizar’, además no quería dejar sus prácticas ancestrales.

La historia reciente ha mostrado que las prácticas homogeneizadoras del Estado no es un camino viable y deseable a la unidad con diversidad. Por el contrario, esta acción empobrece y es un potente obstáculo para su desarrollo futuro.

Mientras el desarrollo de nuestro país esté anclado en la política neoliberal con economía minera, hidroeléctrica, y petrolera que enriquece a las multinacionales y a unos pocos, siempre tendremos que enfrentar una realidad intrincada de desigualdad, explotación e injusticia.

Los reclamos de los pueblos indígenas en materia de impartir justicia, del reconocimiento de sus comarcas, de servicios de infraestructura básica, de derechos políticos y sociales de autodeterminación, no solo son legítimos en sí mismos, sino es una deuda histórica y crucial en la construcción consensual de un Panamá más justo y democrático.

Por eso, el Estado panameño, debe asumir explícita y cabalmente este renovado com promiso, con la participación indispensable de toda la sociedad, para definir una nueva política de Estado clara y precisa.

La relación del Estado panameño con los pueblos indígenas en estos tiempos implica construir nuevos equilibrios políticos que involucren a todos los actores nacionales, partidos, sociedad civil y configurar así un nuevo pacto social que exija inclusión e incorporación de los indígenas a las dinámicas del desarrollo nacional, pero desde sus propias demandas y necesidades. O sea, ‘una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, educativa, en el trabajo y, en general, en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades’ (UNESCO, 2005).

Sin estas premisas dichas anteriormente, un ‘Viceministerio’ o ‘Ministerio Indígena’ está condenado a ser ‘lobby’ para los mineros y la implementación de las políticas gubernamentales inconsultas y burocratizadas.

SOCIÓLOGO.