$8.000 millones para la deuda en el presupuesto 2026

Del Presupuesto del Estado para 2026, que asciende a $34.900 millones, el gobierno dedica poco más de $8.000 millones al servicio de la deuda, es decir, al pago de amortización e intereses.

Esto implica que al menos el 23 % de su total se va en este reglón; $4.399 millones en el perfil de amortizaciones y los otros $3.661 millones en el pago de intereses.

Según el documento presentado este miércoles en la Asamblea Nacional, la amortización representa un incremento de $1.987 millones respecto al 2025, mientras el pago de intereses aumentó en $469 millones.

Es decir, y parafraseando al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, lo que “mueve la aguja” en este presupuesto que es $4.789 millones mayor al del 2025, no es la planilla, sino la deuda.

Servicio de la deuda, el gran peso del presupuesto

Estos $8.000 millones o 23 % del presupuesto total no es poca cosa si se considera que equivale al presupuesto asignado a la Caja de Seguro Social (CSS) con $8.211.223, la entidad que tradicionalmente tiene el mayor gasto presupuestario.

O también es similar a lo que se destina en dos de las carteras más importantes del país, debido a sus roles: la del Ministerio de Educación ($4.861.705) y la de Salud ($3.445.801) lo que en su conjunto suma $8.307.507

“Los intereses son perjudiciales, porque al pagarlos se tiene que dejar de gastar en necesidades importantes para el pueblo panameño, como salud, agua potable y electricidad”, dijo el analista y economista Ernesto Bazán.

Recordó que estos intereses a pagar son una consecuencia de la deuda incrementada durante la administración del expresidente Laurentino Nito Cortizo.

“El país ha gastado más de lo que los ingresos permiten. Una práctica agudizada en la administración Cortizo y que se mantiene en la práctica en la administración actual. Me preocupa muchísimo el crecimiento de los intereses, porque se toma más deuda y en la práctica significa el empobrecimiento del país”, acotó Bazán.

Se trata de una situación nunca antes vista, resaltó el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá (UP). “Si a eso le suma el costo de la planilla estatal de $5.000 millones, más lo que hay que pagar en la CSS, es el 40 %, una camisa de fuerza que Panamá tiene que pagar”.

A juicio del docente, es un “escándalo” pagar $8.000 millones entre amortizaciones e intereses, y la población tiene que obligar a bajar la planilla para paliar la situación con un programa de jubilaciones.

Pero esto no es todo, adicional al monto al servicio de la deuda están otras obligaciones como “el aporte extraordinario” a la CSS de $1.167 millones y las derivadas de leyes especiales “de aumento automático de salarios por $306 millones”, según se lee en la exposición de motivos del presupuesto de la nación.

“Estas obligaciones representan normas presupuestarias que reducen el espacio fiscal disponible, subrayando la urgencia de continuar reforzando y mejorando la recaudación de ingresos, y seguir implementado la estrategia integral para mejorar el perfil de deuda pública y su servicio”, señala el documento presentado por Chapman.

En cuanto a los gastos de funcionamiento del Gobierno central -excluyendo el servicio de la deuda-, el presupuesto aprobado para 2025 fue de $6.667 millones, una cifra que se incrementa moderadamente a $6.741 millones o $74 millones adicionales, lo que a juicio del Ministerio de Economía y Finanzas “refleja el compromiso con la contención del gasto corriente”.

El elefante de la sala: los ingresos

A pesar de que se subraya la urgencia de “mejorar la recaudación de ingresos”, el Ministerio de Economía y Finanzas no ha esbozado una estrategia en firme al respecto, a pesar de la brecha tributaria existente y de que no se cumplió la meta en recaudación.

Para el expresidente del Colegio de Economistas y catedrático Raúl Moreira, es imperante considerar una reforma fiscal para las actividades que no están tributando lo suficiente.

Pero “nunca aumentar los ingresos sin evidencias de tener la voluntad de perseguir y castigar efectivamente a los grandes evasores y defraudadores, y no solo a los chinitos que evaden el ITBMS” o impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios.

Según el documento presupuestario, lo que está incrementando la deuda no es el gasto del sector público no financiero (SPNF) sino el déficit del Gobierno central, cuyo balance es de $4.181 millones.

Austeridad y revisión fiscal

Al revisar el presupuesto, el también experto en riesgo Bazán indicó que es “absolutamente necesario” aprobar una ley de austeridad para evitar seguir desangrando al país.

Con ello, eliminar gastos superfluos como viajes, publicidad estatal, las “botellas” o funcionarios que no trabajan pero reciben un sueldo, así como también reducir las exoneraciones fiscales, revisar los subsidios innecesarios y reducir la evasión tributaria.

Otra de las medidas pudiera ser que el Estado busque otros tipos de financiamiento por las tasas elevadas que tiene que enfrentar, sugirió por su parte el economista Marcelo Araúz.

“No hay manera de salir de esta situación, es impagable esa deuda y hay un pánico a una negociación con los chinos con condiciones diferentes y más progresistas”, para salirse del esquema actual.

Gordón y Moreira coincidieron en que la deuda no se justifica, porque se sigue usando para pagar planilla y no resuelve los problemas de la población.