‘Aquí se publica de todo, votaciones, planillas, rendiciones de cuenta’: Jorge Herrera

Luego de la investigación de La Estrella de Panamá donde se cuestionaba la transparencia en la Asamblea Nacional, su presidente Jorge Herrera reclamó que durante su periodo, que inició en julio 2025, la gestión en este órgano del Estado ha sido transparente y que los cuestionamientos son ataques a la institución.

“Es injusto que esta Asamblea sea la piñata de las instituciones públicas, a través de diferentes temas que afectan el desenvolvimiento del mismo. Gracias a Dios vengo de una formación de los gobiernos locales, donde la rendición de cuentas era una prioridad para seguir trabajando por nuestra comunidad. Donde la transparencia, el trabajo social y comunitario tenían que ir igual que la inversión. Y es la misma política que hemos llegado a esta Asamblea”, dijo un tanto exaltado, haciendo énfasis en el reporte periodístico.

“Aquí se publica de todo: votaciones, planillas, rendiciones de cuentas, todo se ha hecho en este año. Y siguen, y siguen, y siguen los ataques a la institucionalidad de la misma”, aseguró Herrera este martes en el periodo de incidencias.

El reclamo del diputado panameñista se de en momentos en que en el portal de la institución no hay registros del personal transitorio, ni por despacho de diputados, como lo evidenció este medio.

En julio pasado La Estrella de Panamá elevó una solicitud para conocer detalles de la planilla legislativa, y en septiembre, al amparo de la Ley de Transparencia, Herrera respondió que se comprometía a publicar la información que es de carácter pública.

En esa oportunidad negó tener la información por despacho de diputados, pese a que este medio evidenció lo contrario en la Investigación especial: La secreta y cara planilla de Castillero.

En su periodo de incidencias, que abarcó el tiempo cedido por dos colegas para que ahondara en el tema, concluyó que se legisla para el panameño que no tiene agua ni carreteras, y solicitó “trabajar en equipo” y no “cuestionando la casa que nos da el sustento”. Prometió que la transparencia la efectuaría en una rendición de cuentas este miércoles en un informe a la Contraloría General de la República.

“Aquí nadie señala que esta Asamblea ahorró $21.7 millones. Nadie. Van a cuestionar que si se aumentó, cómo se dio, cómo se dio. Todo se hizo bajo el marco del estricto derecho ilegal. Yo no vengo a ocupar puestos públicos ni para taquillar ni para señalar sin base”, afirmó de manera enérgica.

Justamente, este diario publicó que hasta diciembre en la Asamblea Nacional había unos 5.661 funcionarios, cifra que en febrero bajó a 2,525, según el portal de la Contraloría, sin que se evidencien despidos, por lo que se le preguntó a Herrera por qué había menos funcionarios, cuando a lo interno los funcionarios niegan despidos y por qué aún no se publica la planilla, pero no hubo respuesta.

Pero la falta de respuestas también se suma a otra petición similar hecha a Herrera por el diputado de Vamos, Roberto Zuñiga, por la situación de la planilla, cuestionamiento que anteriormente también le hizo a su antecesora en la presidencia del legislativo, Dana Castañeda, del partido Realizando Metas (RM). Una vez más la tónica fue la falta de respuesta, por lo que Zúñiga presentó un habeas data ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que no fue admitido.

Por escrito, Zúñiga le solicitó a Herrera información de la planilla: “¿A cuánto asciende la planilla?” preguntó, y a la vez solicitó que se segmentara la información por partida, cantidad de funcionarios despedidos, sus cargos y los funcionarios en evaluación para cesar sus labores.

Según las cartas a las que tuvo acceso La Estrella de Panamá, Herrera dio montos globales por partida, con datos al 30 de septiembre de 2025, pero la respuesta, a juicio de Zúñiga, es insuficiente.

“Yo espero transparencia de verdad, que se publiquen todas las planillas de todos los diputados, cuáles son los trabajadores por comisión, quienes son permanentes y eventuales”, alegó el diputado.

En tanto, este mes se dio a conocer la respuesta de la CSJ a la demanda de habeas data de Zuñiga, efectuada en septiembre de 2024: no admisión.

La solicitud de información que generó el habeas data fue una carta dirigida a Castañeda de transparentar toda las partidas de las planillas: 001, 002, 80 y 172, así como el detalle de los funcionarios por despacho de diputado o unidades administrativas, además de precisar cuánto personal había nombrado al 30 de junio y 30 de julio de 2024.

La resolución del habeas data, que tuvo como ponente al magistrado Carlos Alberto Vásquez, alega que no es viable dar trámite de admisibilidad a la acción “porque se enmarca en el derecho de petición y no en el derecho a la información”.

Esto “implica que la funcionaria demandada lleve a cabo un ejercicio investigativo y de recopilación, dentro del cual genere una nueva documentación consistente en un informe”.

“¿Dónde está el problema de fondo? es que el pleno no discute semántica, sino que clasifica que cuando es una documentación en poder del Estado se trata de petición y cuando pregunta ‘cuántos’ se trata de una petición que requiere procesar datos, y la frontera de las formas se vuelve una barrera”, explicó Carlos Barsallo, abogado y expresidente de la organización Transparencia Internacional, capítulo de Panamá.

A juicio del jurista, esto implica que el Estado puede evitar un habeas data solo indicando que requiere hacer un análisis. Por ello, añadió que la autoridad entiende que si quiere negar o atrasar la entrega de una información la califica como “petición” y el habeas data queda bloqueado de salidaLo más grave es que con esta posición de “formalismos” de la Corte se premia la “mala gestión documental” y se “castiga” al ciudadano con un mensaje de “pida la información como yo quiero y no como usted la necesita”.

Este sería el tercer habeas data rechazado por la entidad judicial, toda vez que también ocurrió lo mismo respecto a la descentralización en las juntas comunales, y otro que solicitó la titularidad registral de algunas avenidas contra el gerente del Banco Hipotecario Nacional, ambas interpuestas por los diputados Miguel Campos y Janine Prado, de Vamos.