Caso auxilios económicos: nueve imputados sin medidas cautelares por falta de sustento

La juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Zenia Pérez, decidió no imponer medidas cautelares personales a nueve personas imputadas por supuestos delitos contra la administración pública, relacionados con el manejo de fondos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

Los investigados enfrentan cargos por un presunto peculado por extensión y corrupción de servidores públicos en la modalidad de cohecho, tras una auditoría preliminar que detectó presuntas irregularidades en la asignación de becas y auxilios económicos.

Durante la audiencia realizada este martes 21 de abril, la juez explicó que los imputados acudieron voluntariamente a su primera citación, lo que evidencia su disposición a colaborar con el proceso.

Además, sostuvo que los elementos presentados por el Ministerio Público son débiles y carecen de sustento suficiente, por lo que no justifican la imposición de medidas cautelares.

También indicó que el riesgo procesal alegado por la Fiscalía no fue debidamente sustentado.

Pérez aclaró que mantenerse en el domicilio es una obligación legal y no una medida cautelar, en respuesta a una de las solicitudes del Ministerio Público.

Previamente, la juez formalizó imputación para seis personas por el delito de cohecho, mientras que otras tres enfrentan cargos por supuesto peculado por extensión y cohecho.

La Fiscalía solicitó medidas cautelares como reporte periódico mensual y restricción domiciliaria para seis de los imputados, argumentando riesgo para la comunidad. Para los otros tres, pidió reportes dos veces al mes y la misma restricción de domicilio.

Tras el fallo, el Ministerio Público anunció que interpondrá un recurso de apelación.

La audiencia para resolver este recurso fue fijada para este 6 de mayo a las 8:30 a.m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.La defensa de los implicados estuvo conformada por siete abogados particulares y un defensor público.

El caso se origina en una auditoría que detectó posibles irregularidades en la gestión de fondos del Ifarhu, específicamente en la entrega de beneficios económicos, por lo que las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar responsabilidades.