César Ruiloba: Ley de extinción de dominio deja al juez definir qué es delito, una aberración jurídica

Como un atentado a derechos fundamentales y una “aberración” jurídica calificó el abogado César Ruiloba el proyecto de ley 625 de extinción de dominio sobre bienes ilícitos.

El expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) cuestionó la propuesta presentada por el Ministerio de Seguridad (Minseg), que de acuerdo con la entidad buscaría “atacar” el músculo financiero del crimen organizado.

Ruiloba, que asegura comparte el objetivo del Minseg en cuanto al combate a la criminalidad, considera que el proyecto no solo falla en cumplir dicho supuesto, sino que también vulnera la Constitución.

“En un Estado democrático y de derecho, la ley debe establecer qué significa la actividad ilícita y en consecuencia de ello viene la extinción de dominio. En esta Ley (625) se le da la potestad al juez en el artículo 4 que defina él, subjetivamente, qué es la actividad ilícita. Cambia la concepción constitucional de la legalidad de la norma por el criterio subjetivo de un juez”, señaló Ruiloba este jueves en “Portada” de La Estrella de Panamá.

Según el abogado, hay dudas sobre la efectividad de esta norma al ver las experiencias de otros países que la han implementado. Ve la propuesta del Minseg como una copia de la legislación de Colombia.

“La sociedad colombiana tiene un contexto histórico, socioeconómico y de política criminal distinto al de Panamá. Nosotros no podemos pretender que las mismas causales allá sean idóneas para Panamá. Tenemos que hacer un esfuerzo para ajustar esas causales a nuestra realidad”, dijo.

Ruiloba cuestionó también la retroactividad de la ley, una aplicación que no ocurre en el Código Penal. Además, criticó que no se definen los límites de esa retroactividad, lo que según el jurista pemitiría ”revisar desde 1903 cómo se obtuvieron los bienes y patrimonios”.

Otro elemento que puntualiza tiene que ver con la preminencia de la ley de extinción de dominio. “Esta ley habla de preminencia de la ley, eso viola un principio histórico de la tradición del Código Civil panameño (...) invierte el principio de propiedad”, dijo.

“¿Qué hay que hacer? Tenemos delitos como blanqueo de capitales, tráfico de influencias, peculado; hay que fortalecer estos tipos penales, las estructuras del Ministerio Público, las estructura del poder judicial en la justicia ordinaria para atacar los bienes patrimoniales de las personas que cometen esos delitos”, enfatizó.

Ruiloba expresó su preocupación por lo que denominó una “narrativa peligrosa” en torno a los críticos del proyecto y de relacionarlos indirectamente con el crimen organizado. “Eso es propio de los regímenes totalitarios que no permiten la crítica. Nosotros estamos haciendo una crítica técnica”, acotó.

El jurista también cuestionó las polémicas declaraciones de la embajadora de EE.UU. en Panamá, Mari Carmen Aponte, cuando hace dos semanas expresó su apoyo al proyecto y pidió al Legislativo darle su respaldo.

“Es una injerencia inadmisible bajo todo punto de vista que no solo vulnera la soberanía. Es un problema y responsabilidad de los panameños (...) no es EE.UU. ni otro país el que nos va decir lo que necesitamos. El embajador de Panamá allá (en Washington) no puede ir al Senado a decir qué es lo que EE.UU. necesita. Pedimos mesura y respeto”, puntualizó.