Integrantes de la caravana migrante en el estado de Chiapas, en el sur de México, denunciaron este jueves 21 de noviembre que las autoridades les bloquearon...
- 28/12/2009 01:00
- 28/12/2009 01:00
Gaspar García de Paredes objetó este lunes en Debate Abierto el hecho de que el Gobierno pretenda hacer justicia social a través del salario mínimo, máxime cuando entre los 9 países más competitivos del mundo, 6 de ellos carecen de un salario mínimo por ley, ya que es el mismo mercado el que establece los salarios a pagar de acuerdo a la actividad y al crecimiento económico del país.
El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) afirmó que solo a través de la capacitación los panameños podrán ser verdaderamente competitivos. "Tenemos que competir con mayor talento, con efectividad de gestión, y eso solo se consigue con educación y con una cultura y compromiso de superación, que tristemente no tenemos en Panamá", acotó.
Para el empresario uno de los mayores problemas de nuestro país es que los salarios suben pero la productividad baja, y aunque en las últimas discusiones intentaron poner el tema en el tapete, nada se consensuó al respecto.
Es preocupante que más de 200,000 panameños trabajen por salario mínimo o que 600,000 otros panemeños trabajen en la informalidad, pero esto se da porque la "carga del trabajo formal sigue aumentando, no así la competitividad que no aumenta al mismo nivel".
"Esto nos lleva a situaciones sociales que son insostenibles como los 100 a los 70, porque todos reclaman seguridad, salud, pero no son contribuyentes al sistema", sentenció.
García de Paredes insistió en que el Gobierno intenta alcanzar una mejor calidad humana o mejorar las condiciones de vida a través de decretos, lo que constituye "el fraude más grande del país", porque los técnicos vocacionales y los bachilleres que se gradúan no tienen la capacidad para exigir idoneidad fuera de nuestras fronteras, ni tampoco de responder a las exigencias de empresas multinacionales que intentan reclutar personal idóneo en el país.
La empresa privada se opuso al salario mínimo decretado hace unos días por el Gobierno del presidente Ricardo Martinelli.