‘Detrás hay una cabeza’: sociedad civil pide buscar a autores intelectuales del ataque a Rolando Rodríguez

El movimiento Unidos por la Democracia advierte que la captura de un sospechoso no basta y pide investigar las motivaciones periodísticas detrás del ataque

El movimiento cívico independiente Unidos por la Democracia condenó el atentado perpetrado la madrugada del sábado 14 de noviembre contra la residencia del periodista de investigación Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, y pidió a las autoridades identificar a los autores intelectuales del ataque. Durante una conferencia de prensa celebrada este lunes 16 de noviembre, los integrantes de la agrupación advirtieron que el hecho representa un precedente inédito de violencia física contra el ejercicio periodístico en Panamá.

El incidente ocasionó daños materiales en la vivienda del comunicador y puso en riesgo su vida y la de su esposa, Nadia. Aunque el Ministerio Público aprehendió a un sospechoso vinculado al traslado o ejecución del hecho, los voceros del colectivo enfatizaron que la investigación no debe limitarse al ejecutor material.

“No es el señor del taxi. Él fue conductor. No es que agarró el paquete y lo tiró, o ese fue el ejecutor, pero ahí adentro, detrás de esa gente, hay una cabeza o unas cabezas que están dirigiendo el tema”, afirmó Ricardo Tribaldos, miembro del movimiento. Tribaldos advirtió sobre la necesidad de frenar esta escalada para evitar que el país replique escenarios de violencia registrados en México o Colombia.

Por su parte, Aurelio Barría, presidente de Unidos por la Democracia, destacó la rápida reacción del Ministerio Público y el respaldo anunciado por el Órgano Ejecutivo. Barría informó que el presidente de la República, José Raúl Mulino, convocó para este lunes a las 3:00 p. m. una reunión en la Presidencia con los directores y jefes de información de los medios escritos, televisivos y radiales del país.

“Debemos llegar hasta las últimas consecuencias porque estas han sido personas que han sido instrumentales para realizarlo”, señaló Barría respecto a los detenidos iniciales.

De la presión judicial a la agresión física

Más allá del ataque material, los miembros de la organización alertaron sobre los mecanismos institucionales que mantienen vulnerable a la prensa panameña. Carlos Ernesto González Ramírez explicó que, aunque la agresión física resulta novedosa en el país, los intentos por restringir la libertad de expresión llevan años operando mediante el sistema legal.

“Tenemos problemas de legislación, tenemos problemas con interpretaciones erróneas de la legislación; hay decisiones que impiden que los periodistas puedan actuar, con lo cual se censura la expresión y hay un sistema que permite el uso abusivo del derecho para afectar a los periodistas”, puntualizó González Ramírez.

El jurista hizo un llamado a las fuerzas políticas y a la Asamblea Nacional para impulsar cambios legales que cierren los espacios al acoso judicial, aclarando que las responsabilidades derivadas del ejercicio informativo no deben conducir a la censura permanente.

En la misma línea, Roberto Troncoso propuso aprovechar el debate sobre reformas constitucionales para crear una Procuraduría de Derechos Humanos con facultades penales que fortalezca la defensa de las garantías fundamentales, ante lo que calificó como una labor debilitada de la Defensoría del Pueblo.

Impacto en la imagen país

El empresario Carlos David Abadía Vázquez vinculó el atentado con un deterioro directo de la reputación internacional de Panamá en momentos en que el Estado busca captar capital extranjero. “El Gobierno está haciendo todos los esfuerzos para atraer inversionistas, para traer más turistas, y estos malos panameños de la peor calaña están afectando la imagen de Panamá”, expresó Abadía.

En el pronunciamiento oficial leído por Enrique De Obarrio, el movimiento estableció seis puntos clave dirigidos a las instituciones del Estado:

Investigación exhaustiva: Esclarecer los hechos, determinar las motivaciones e identificar a los autores materiales e intelectuales, examinando cualquier vínculo con las publicaciones de Rodríguez.
Justicia sin impunidad: Procesar a los responsables bajo el estricto cumplimiento del debido proceso.
Protección efectiva: Garantizar la seguridad de Rodríguez y su familia, además de evaluar los riesgos de otros comunicadores.
Libertad de prensa y responsabilidad institucional: Informar sobre los avances sustantivos del caso sin comprometer la eficacia de las pesquisas.

Como medida de respaldo gremial y ciudadano, los integrantes de Unidos por la Democracia convocaron a una concentración pacífica este martes 17 de noviembre a las 4:00 p. m. frente a las instalaciones del diario La Prensa.

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