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- 27/11/2025 16:04
La diputada por la libre postulación Janine Prado Castaño presentó tres hábeas data en la Corte Suprema tras no recibir respuesta a solicitudes formales de información dirigidas a la Comisión de Presupuesto, la Secretaría General y la propia Asamblea Nacional
La diputada por la libre postulación Janine Prado Castaño presentó tres acciones de hábeas data contra distintas autoridades de la Asamblea Nacional.
Prado, aunque es diputada, los recursos los presentó en calidad de ciudadana, actuando en su propio nombre y representación.
Las tres demandas fueron registradas en la Corte Suprema de Justicia el 25 de noviembre de 2025, luego de que Prado no obtuviera respuesta a solicitudes formales de información realizadas en septiembre y octubre.
El primer expediente corresponde a una acción de hábeas data contra el diputado Eduardo Vásquez, presidente de la Comisión de Presupuesto.
Prado solicitó el 17 de septiembre de 2025, toda la documentación relacionada con los traslados de partidas tramitados entre el 1 de julio de 2024 y el 17 de septiembre de 2025, incluyendo el estado de cada trámite, las votaciones, las suspensiones y los casos aprobados por silencio administrativo, además de las actas de la comisión. El plazo venció el 17 de octubre de 2025 sin respuesta.
Prado citó los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley 6, señalando que la información presupuestaria y las decisiones legislativas no son clasificables como restringidas y que las sesiones mismas se transmiten públicamente, lo que refuerza su carácter abierto.
Este caso quedó asignado al despacho de la magistrada María Cristina Chen Stanziola.
El segundo expediente, fue presentado contra el secretario general de la Asamblea Nacional, Carlos Alvarado, por la falta de respuesta a una nota del 22 de octubre de 2025.
En esa solicitud, Prado pidió un informe completo de todos los traslados de partidas tramitados en la Comisión de Presupuesto desde el 1 de julio de 2024 hasta el 22 de octubre de 2025, incluyendo si fueron aprobados, rechazados, retirados o suspendidos, y los casos avalados por silencio administrativo.
La respuesta debió ser entregada el 23 de noviembre de 2025, pero tampoco hubo contestación.
En esta acción, Prado subraya que la Ley 6 obliga a informar sobre decisiones adoptadas por entidades del Estado y que todo lo relacionado con el presupuesto es pública por naturaleza.
Esta causa quedó en manos del magistrado Olmedo Arrocha Osorio.
El tercer expediente, se dirige contra el diputado Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional, por no responder a una solicitud presentada el 21 de octubre de 2025.
En este caso, Prado pidió un informe detallado de la planilla de la Asamblea Nacional, incluyendo nombre, cédula, cargo, salario base, sobresueldos, fecha de inicio y estado del vínculo laboral de cada funcionario, correspondiente a los meses de julio de 2024, junio de 2025 y el periodo vigente.
Además, solicitó el detalle de personal separado o destituido entre abril y julio de 2025, con sus causas. El plazo venció el 21 de noviembre de 2025 sin respuesta.
Prado recordó que la Ley 6, en su artículo 11, establece que la información sobre planillas, salarios, viáticos y contrataciones es de libre acceso, respaldado por jurisprudencia del Pleno de la Corte Suprema desde 2002, y que incluso existe un portal estatal (datosabiertos.gob.pa) donde las planillas deben estar disponibles.
El caso fue asignado al magistrado Carlos Alberto Vásquez Reyes.
Las tres demandas fueron admitidas bajo la figura de hábeas data como tribunal de instancia y en sede de apelación, lo que verifica que la diputada agotó procedimientos previos sin obtener respuestas.
Ahora será responsabilidad de la Corte Suprema determinar si la Comisión de Presupuesto, la Secretaría General y la Asamblea Nacional incumplieron la obligación legal de entregar los datos solicitados.
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