El derecho a habitar: entre la legalidad y la legitimidad

Asentamientos informales: ¿Una forma legítima de acceso a la vivienda?

El acceso a una vivienda digna para los sectores socioeconómicamente vulnerables sigue siendo una lucha histórica que, en el contexto actual de urbanización desigual y modelos de desarrollo excluyentes, adquiere nuevas dimensiones. Más que una simple expresión de pobreza, esta problemática revela profundas desigualdades estructurales en la distribución de espacios, recursos y oportunidades, así como las persistentes limitaciones del Estado para garantizar este derecho humano fundamental.

En este contexto, la cuestión habitacional se configura como un problema de justicia social que implica a diversos actores: el Estado, los movimientos sociales, los organismos internacionales, el sector privado y; especialmente, las comunidades afectadas, que se ven obligadas a generar sus propias formas de habitar ante la ausencia o insuficiencia de políticas públicas efectivas. Es en este escenario es donde emerge la contradicción entre legalidad —vinculada al cumplimiento formal de la norma— y legitimidad —relacionada con lo moralmente justo y socialmente aceptado—

El concepto de “asentamiento informal” según el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) se refiere a espacios habitados sin el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y sociales necesarios para garantizar el desarrollo urbano ordenado y la calidad de vida de sus habitantes. Por otra parte, autores desde la territorialidad crítica, como Lorena Zárate (2019), destacan que “no son asentamientos informales son barrios y ciudades construidos por la gente”; y que generan su espacio con significaciones, que con la creación de su hábitat—aún en la informalidad e ilegalidad—, representa una lucha frente al derecho a la vivienda digna.

Ante estas perspectivas, es necesario replantear el concepto de asentamientos informal, porque a pesar de sus caracterizaciones generalmente aceptadas, existen contradicciones entre la legalidad del suelo y la calidad del hábitat. Esta dicotomía entre lo formal e informal, lo legal e ilegal, enmascara una realidad mucho más compleja, donde confluyen pobreza, falta de acceso, exclusión territorial, organización de las comunidades y cohesión social.

La autoconstrucción no puede ser reducida a una solución improvisada; es, más bien, una forma de producción social del hábitat. Como señala el economista y urbanista Samuel Jaramillo, se trata de un proceso complejo, que requiere planificación, ahorro previo y una organización comunitaria que antecede a la ocupación del terreno. Esta práctica no solo resuelve necesidades inmediatas de vivienda; sino que proyecta un futuro: la construcción de un hogar, de comunidad, de identidad y pertenencia. Desde la perspectiva del mismo autor fundamenta que ante la ausencia estatal, está la fortaleza comunitaria.

En el contexto actual de Panamá, el fenómeno del auge de urbanizaciones privadas y la expansión de asentamientos informales se deriva como resultado de políticas urbanas fragmentadas que favorecen al mercado inmobiliario por encima del bienestar de sectores vulnerables sin acceso a una vivienda propia y digna. Los planes estatales de vivienda son insuficientes, y en muchos casos han fracasado en atender de manera integral las necesidades habitacionales de los sectores populares.

Ejemplo de lo anterior, en la actualidad el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial (MIVIOT), desarrolla cuatro planes centrales: “plan progreso”, dirigido a personas panameñas con título de propiedad y que puedan ampliar sus viviendas teniendo un emprendimiento en su residencia, segundo “fondo de ahorro habitacional” rinde financiamiento a instituciones y corporaciones autorizadas, tercero “leasing inmobiliario” regula la actividad de arrendamientos financieros de bienes inmueble, ofrece incentivos al sector inmobiliario y último “mensura y legalización” que involucra legalizar tenencia de tierras, visión a mejorar el desarrollo urbano con asesoramiento técnico y social.

De los cuatro programas desarrollados por el MIVIOT, el primero va ligado a personas con su título de propiedad, los siguientes se dirigen a programas estructurales a nivel de financiamientos mayores relacionados a mercados e instituciones inmobiliarias; y el último que se liga al tema desarrollado de los asentamientos informales. Este último, desde la página oficial del MIVIOT, bajo la Dirección de Asentamientos Informales informa que tiene aproximadamente 500 asentamientos en proceso de legalización.

Basado en el informe 2023-2024 del MIVIOT, la Sección Legal encargada de los Asentamientos Informales tiene bajo su gestión 230 expedientes activos. Que, entre 2023 y 2024, sólo siete de estos casos han sido concluidos. Afirma que un 65% avanza en distintas etapas del proceso administrativo, que van desde la citación de las partes y las inspecciones de campo, hasta la realización de diligencias, redacción de resoluciones o sesiones de mediación y del resto del porcentaje no se informó.

A pesar de que los números pueden parecer desalentadores, ante los trámites de legalización o no, hay otras variables que son determinantes en los asentamientos ejemplos: organización comunitaria para lograr obtener servicios básicos, como electricidad a la comunidad; juntas de agua; lugar de deposición de desechos; construcción de veredas o caminos; mejoramiento en la infraestructura de las viviendas; entre otros.

Legalizar un asentamiento informal puede ser un avance jurídico, pero no garantiza transformaciones sustantivas en las condiciones de vida. De hecho, la formalización puede derivar en nuevas formas de precarización si no viene acompañada de inversiones en infraestructura, servicios y acceso a derechos básicos. Ante la realidad de Panamá, no se tiene acceso a legalizaciones con la agilidad requerida, pero esto no determina el avance comunitario desde el asentamiento.Imaginarios construidos.

La teoría de los imaginarios sociales, desarrollada por C. Castoriadis (1975), propone la conceptualización del imaginario dominante, lo generalmente aceptado y reproducido; y el imaginario dominado. Las ideas fundamentalmente surgen desde los actores directos y desde una perspectiva crítica, contraria al imaginario dominante. Este planteamiento aplicado a los asentamientos informales da a conocer que las versiones generalmente aceptadas y reproducidas se alejan de la realidad social vivida por los actores dentro de los espacios construidos.Valentina Abufhele (2019) advierte sobre cómo el Estado y otros actores definen e intervienen en los asentamientos a través del lenguaje de la pobreza. Esta “política de la pobreza” crea una narrativa que despolitiza las luchas por el suelo urbano y reduce a sus habitantes a sujetos pasivos, despojándolos de su capacidad organizativa. Así, los asentamientos informales son vistos como anomalías urbanas, cánceres periféricos, conformaciones externas al crecimiento natural de las ciudades, y no como expresiones que son parte de nuestras ciudades latinoamericanas.

Los asentamientos informales no pueden seguir siendo concebidos únicamente como fallas del desarrollo urbano, sino como expresiones legítimas de una ciudadanía que reclama su derecho a habitar. Más allá de su condición jurídica, estos territorios revelan significaciones y, al mismo tiempo, evidencian la capacidad organizativa, la resistencia y la creatividad de comunidades excluidas del acceso formal a la vivienda.

En el caso de Panamá, la respuesta estatal aún se muestra fragmentada y limitada, priorizando lógicas de mercado sobre enfoques integrales de justicia social. Reconocer los asentamientos informales como parte constitutiva de la ciudad implica superar los discursos estigmatizantes, visibilizar sus aportes y avanzar hacia políticas públicas inclusivas que integren la autogestión, los imaginarios comunitarios y el acompañamiento técnico como pilares de una transformación urbana más equitativa y humana. Al final del camino no se trata de los legales e ilegales, si no de tener visión que somos panameños con luchas pendientes y derechos legítimos que obtener.