El empresario Cicatelli se defiende de la denuncia penal

El empresario italiano Giuseppe Cicatelli salió a defenderse de las acusaciones por el supuesto delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa agravada, que le presentó la fiscal Rochelle Castillo Ríos el pasado 31 de agosto.

En un comunicado pagado en los medios impresos, el empresario Cicatelli sostiene que se trata de una controversia societaria, contractual y patrimonial entre socios e inversionistas.

“El origen del conflicto es una inversión privada de $300,000 entre socios y coinversionistas vinculados a una misma estructura societaria, mediante la cual Morning Star Continental, vinculada a Thomas Dully, adquirió acciones de una sociedad extranjera propietaria, a través de una compañía panameña, de una finca real en Panamá”, recalca.

A raíz de esa controversia, Dully se querello contra Cicatelli en el 2015 y no fue hasta el pasado 31 de agosto que la fiscal Castillo presentó ante el juez de garantía el escrito de acusación.

El empresario Cicatelli señala que la documentación del expediente reconoce que las acciones fueron adquiridas por Morning Star Continental y que el activo inmobiliario subyacente igualmente existe.

“Nuestra defensa ha sostenido reiteradamente que una controversia de naturaleza civil y mercantil entre inversionistas fue posteriormente trasladada al ámbito penal. Paralelamente, existen desde hace tiempo acciones promovidas por nuestra parte ante la jurisdicción civil”, recalca el empresario.

Cicatelli señala en el comunicado que, durante los intentos de alcanzar una solución a la disputa comercial, “se formularon pretensiones económicas que alcanzaron aproximadamente $5 millones y posteriormente fueron reducidas a $3 millones”, y que esta cifra representa diez veces el monto de la operación original.

En el comunicado también habla de “mensajes intimidantes” y de “amenazas de divulgar información parcializada” para exigir el pago de esas pretensiones económicas.

Indica que una controversia entre socios terminó, más de una década después, convertida primero en un proceso civil, posteriormente en uno penal y, finalmente, en un asunto mediático.

“La defensa ejercerá plenamente sus derechos y aportará ante los tribunales la documentación que acredita la naturaleza y desarrollo de la operación”, señala el empresario en el comunicado.