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Los exfuncionarios que enfrentan condenas
- 23/06/2023 00:00
- 23/06/2023 00:00
Un exministro y un exalcalde tienen un pie dentro y otro fuera de la cárcel por malos manejos de fondos públicos.
Pedro Sánchez Moró, exalcalde del distrito de Arraiján (2014-2019), tiene cuatro años de evadir la justicia. En junio de 2018 fue declarado culpable de peculado en el Municipio de Arraiján. Un juzgado penal lo condenó a siete años de prisión por nombrar a nueve directivos y ocho jugadores del Club San Gema de Arraiján, sin realizar funciones, engrosando la planilla en $11.000 mensuales.
Una auditoría de la Contraloría General de la República de Panamá determinó un perjuicio económico de $71.000 a las arcas municipales. Dos años después –en enero de 2021– la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó la condena a Moró Sánchez. Está oficialmente declarado “prófugo”. La responsabilidad de ubicarlo recae en la Policía Nacional.
Han pasado dos años desde que la sentencia del exalcalde quedó en firme, y no hay rastro de él.
Al que también se le ha confirmado la sentencia es al exministo de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino (2009-2014). En junio de 2023, la Sala Penal no admitió un recurso de casación del exministro y le mantuvo una pena de cuatro años de prisión por corrupción de funcionarios.
Pero este no es el único problema con la justicia que enfrenta el exministro.
En febrero de 2023, un tribunal de causas penales le confirmó otra condena de seis años por enriquecimiento injustificado. Según las investigaciones, cuando fungió como ministro tuvo ingresos por $355.000, pero sus gastos y bienes adquiridos y cuentas bancarias se incrementaron considerablemente . No pudo justificar $2,2 millones. Esta última condena aún no está en firme porque el exministro podría acudir a otras instancias.
El 19 de junio de 2023, la CSJ también confirmó la sentencia al exrepresentante de San Felipe Mario Kennedy. Se le condenó por peculado en la junta comunal en el periodo 1999 y 2003. Una auditoría de la Contraloría determinó la lesión patrimonial de $441.592.
El 22 de junio de 2012, el juez sexto penal Enrique Brown condenó a seis años a tres acusados que, como se acogieron a un juicio abreviado, se les redujo la pena a cuatro años de prisión.
El 8 de octubre de 2013, el Segundo Tribunal de Justicia confirmó la sentencia. Kennedy optó por presentar un recurso de casación en la Sala Penal. El 24 de abril, la sala rechazó el recurso aunque concluyó que no hubo apropiación de fondos, sino malversación.
El despacho determinó que el delito era peculado culposo y no doloso, por lo que redujo la sentencia a un año de prisión, que con la rebaja del juicio abreviado quedó en ocho meses.
La semana pasada, la Sala Penal también confirmó la condena a 60 meses de prisión contra Ramón Ashby por peculado en la junta comunal de Calidonia. Una auditoría de septiembre de 2009 estableció que el edil no pudo sustentar cómo se gastó $505.000 en contratación de personal y compra de bienes y servicios entre 1999 y 2003.
Tanto la condena del exministro como de los representantes están en la Sala Penal. Este despacho debe remitir la confirmación de las penas al juzgado que corresponde para que gire los oficios de captura a la Policía. El exrepresentante y el que está en funciones podrían, sin embargo, solicitar una medida comunitaria en caso de ser delincuentes primarios por tener penas de cinco años y menos, explicó un penalista. Aunque la solicitud primero debe ser aprobada por la fiscalía y posteriormente por un juez de garantías. En el caso de Ferrufino, por tener una condena en firme y otra andando, no podría aplicar a una medida comunitaria, explicaron fuentes judiciales consultadas a este diario.
Hace tres días, la exdefensora del Pueblo Patria Portugal (2011-2013) ingresó a prisión por solicitud del juez de cumplimiento que ordenó ejecutar una sentencia de 96 meses por malversación de $249.000 de la entidad.
Hace pocos días –16 de mayo de 2023– se le revocó la libertad vigilada al exdirector de ingresos Luis Cucalón, condenado a ocho años de prisión por peculado y corrupción de servidores.