Fraude millonario a la DGI: Fiscalía pide detención para 16 imputados por presunta corrupción y blanqueo

La audiencia de garantías por la operación Pandora entró la tarde de este sábado 11 de julio en su fase final con la discusión de las medidas cautelares para las 16 personas imputadas por su presunta participación en un esquema de corrupción que habría ocasionado un perjuicio de 40 millones de dólares al Estado panameño.

Información obtenida por La Estrella de Panamá a las 5:30 p.m. indica que, tras concluir la sustentación del Ministerio Público, la audiencia hizo un receso de 10 minutos antes de dar paso a los alegatos de los abogados defensores.

Según conoció La Estrella de Panamá, la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada solicitó la detención provisional para la mayoría de los imputados, mientras que para una de las investigadas pidió la aplicación de depósito domiciliario como medida cautelar.

Concluida la exposición de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, correspondía a los abogados defensores presentar sus argumentos sobre las medidas cautelares que consideran procedentes para cada uno de sus representados.

Una vez finalicen estas intervenciones, la jueza de garantías Zenia Pérez deberá decidir de forma individual qué medida impondrá a cada imputado.

Durante la jornada de este sábado también concluyó la fase de imputación de cargos. El juez imputó al grupo por los presuntos delitos de corrupción de servidores públicos, delincuencia organizada, blanqueo de capitales y falsificación de documentos públicos, de acuerdo con la información obtenida por La Estrella de Panamá.

Fuentes ligadas al proceso indicaron que, debido a la cantidad de imputados y de defensores que aún deben intervenir en la etapa de medidas cautelares, no se descarta que la audiencia continúe este domingo 12 de julio.

Investigación por presunto fraude millonario

La audiencia se reanudó desde las 9:00 a.m. de este sábado en la sede del Sistema Penal Acusatorio, en Plaza Ágora, como continuación de las diligencias iniciadas este jueves 9 de julio, cuando un juez de garantías legalizó la aprehensión de los 16 investigados, de los cuales 11 son funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI).

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la presunta organización criminal estaba integrada por funcionarios de la DGI, abogados y representantes de empresas privadas, quienes supuestamente participaron en un esquema para desviar fondos mediante la cesión irregular de créditos fiscales.

La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada sostiene que el grupo presuntamente paralizaba boletas de pago de determinados contribuyentes para luego asignarlas a terceros, permitiendo el desvío de recursos públicos.

Además, durante la audiencia se reveló que algunos de los investigados habrían recibido transferencias que oscilaban entre 4 millones y 22.1 millones de dólares.