Funcionarios del gobierno de Varela defienden 'transparencia' en descentralización

Los actores en la distribución del dinero de la descentralización en el quinquenio 2014-2019 salieron a defenderse.

Los $994 millones fueron transferidos de manera “transparente y apegada a la ley”, plantearon cada uno por separado.

El expresidente de la República Juan Carlos Varela defendió la gestión. Lo hizo en un mensaje colgado en su cuenta de Twitter, en el que tomaba un video del excalde José Blandon del 16 de junio pasado sobre sus obras como alcalde.

“Gran parte de las obras realizadas por @BlandonJose fueron gracias a un proyecto de descentralización serio, transparente y equitativo, que impulsé como presidente. Muy diferente al manejo político y de intereses personales de la llamada 'descentralización paralela”, escribió Varela .

Por su parte, el exministro de Economía y Finanzas Dulcidio De la Guardia aseguró que los “los fondos fueron transferidos con equidad y transparencia, siguiendo lo que establece la Ley de Descentralización”. “Los municipios lo utilizaron para inversiones públicas”, agregó el exfuncionario.

El exministro de la Presidencia de la República Álvaro Alemán conversó con La Estrella de Panamá y aseguró que los municipios eran los que determinaban en qué se debía invertir el dinero de la descentralización.

En cada reunión de la descentralización se generaba un acta que se firmaba al final de la respectiva reunión. “En las actas está cuánto dinero y qué municipios lo solicitaba”, precisó .

“Si alguien pide la información por medio de un Habeas data deben entregarle las actas”, aseguró Alemán, quien agregó que no era obligante la publicación de esa información. Aclaró que solo puede hablar por su periodo de ministro que terminó en julio de 2018.

Las actas de las que habla Alemán deben estar custodiadas por la Autoridad Nacional de Descentralización.

En la administración de Alemán, según su explicación, se trataba únicamente sobre el uso de los fondos provenientes del impuesto de bienes inmuebles.

“Los municipios presentaban los proyectos y se revisaba si los proyectos eran acordes con la ley”, precisó el exministro Alemán.

En la distribución de los fondos, explicó, estaba el representante del municipio de la Asamblea Nacional, el representante de la Asociación de Municipios de Panamá, quien hoy es el alcalde de La Chorrera.

En representación de la Contraloría acudía un representante que no tenía voto, pero sí voz.

“Nosotros no establecíamos lo que le tocaba a cada municipio. Eso se hacía en base a lo que decía la ley”, precisó el exfuncionario.

José Isabel Blandón, alcalde del distrito de Panamá en el quinquenio 2014-2019, asegura que “en el gobierno pasado no hubo una asignación paralela de fondos adicionales a las juntas comunales oficialistas, más allá de lo previsto por la ley”.

Agrega que en La Estrella “hablan de $900 millones de “descentralización paralela”, cuando un altísimo porcentaje de esa cifra que citan corresponde a los montos fijados en la descentralización, sin mirar afiliación partidaria”.

Sin embargo, las cifras publicadas por este medio solo se refieren a los montos transferidos desde 2015 a 2023, según información de la Contraloría General de la República.

La Autoridad Nacional de Descentralización transfiere estos fondos a los municipios y juntas comunales, los cuales están destinados a proyectos sectoriales de acciones específicas de la administración pública municipal que tiendan a mejorar, regular, crear o supervisar sectores específicos de desarrollo.

Su finalidad es explotar las ventajas comparativas territoriales, fortalecer el desarrollo social, educativo y de salud, y combatir la pobreza.

Además de promover la inclusión de jóvenes, personas con discapacidad, grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados. Proveer servicios públicos para el bienestar de la población.

La ley establece que será destinada la suma de $110 millones anuales a cada junta comunal y alcaldías, el 70% para proyectos de inversión y el restante para funcionamiento.

En tanto, se asignará a todos los municipios del país los recursos provenientes de la recaudación del impuesto de inmueble estimado, correspondiente al año inmediatamente anterior, incluyendo multas y recargos.