Piden a la Defensoría del Pueblo investigar situación administrativa de Justo Castañeda en la ATTT

Una denuncia anónima presentada ante la Defensoría del Pueblo, solicita que esa institución determine oficialmente la situación administrativa de Justo Castañeda, quien se desempeñaba como secretario general de la (ATTT) y fue enviado de vacaciones en abril pasado tras una presunta controversia generada por el Decreto Ejecutivo No. 10 relacionado con las plataformas digitales de transporte.

El denunciante sostiene que la ausencia de información oficial sobre si Castañeda continúa ocupando el cargo, así como sobre su paradero y condición laboral, vulnera el derecho de la ciudadanía a una administración pública transparente, imparcial y sujeta a la rendición de cuentas.

Por ello, solicita que la Defensoría abra una investigación sobre la presunta afectación de los derechos de usuarios y trabajadores del transporte público.

La denuncia también pide que la ATTT informe sobre el salario y demás emolumentos que percibe o percibía el funcionario, la resolución mediante la cual fue nombrado y si existe o ha existido algún procedimiento relacionado con una posible declaración de impedimento, inhibición o conflicto de interés por su presunta vinculación con organizaciones prestatarias del servicio de transporte.

Asimismo, solicita conocer el listado actualizado de los cupos o certificados de operación en la provincia de Coclé para verificar su distribución entre las distintas organizaciones del sector, así como establecer si la entidad impulsa nuevas regulaciones que puedan afectar el funcionamiento de las plataformas tecnológicas de transporte.

De acuerdo con el escrito, Castañeda habría mantenido vínculos con diversas sociedades y organizaciones dedicadas al transporte público en Coclé mientras ejercía como secretario general de la ATTT, entidad responsable de regular y fiscalizar ese mismo sector.

Entre los derechos que la denuncia considera presuntamente afectados figuran el acceso de los usuarios a un servicio público eficiente e imparcial, el derecho al trabajo de los conductores de plataformas digitales, la igualdad y no discriminación en el acceso al servicio público y el derecho de la ciudadanía a una administración transparente y libre de conflictos de interés.

El documento recuerda que el Decreto Ejecutivo No. 10, promulgado el 16 de abril de 2026, establecía que los conductores de plataformas como Uber e inDriver debían obtener un certificado de operación y el aval de una prestataria tradicional para brindar el servicio bajo la modalidad de “taxis de lujo”.

Según el denunciante, esa regulación favorecía a los titulares de cupos tradicionales.