Gobierno garantiza $41.9 millones en 18 meses tras oficializar contratos portuarios con AMP Terminals y TiL

El Consejo de Gabinete de la República de Panamá aprobó este lunes dos resoluciones trascendentales que reorganizan la administración de los activos portuarios más importantes del sistema nacional.

A través de las Resoluciones de Gabinete N.º 4 y N.º 5, el Estado panameño formalizó la contratación directa y transitoria de dos gigantes de la industria marítima global para operar las terminales de Balboa y Cristóbal, situadas en ambas entradas del Canal de Panamá.

Respuesta a un vacío legal crítico

Esta intervención gubernamental surge como respuesta directa a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 29 de enero de 2026, la cual declaró la inconstitucionalidad de la Ley 5 de 1997. Dicha legislación constituía el fundamento legal de la concesión con la sociedad Panama Ports Company, S.A.

Ante el riesgo inminente de una paralización de actividades y el vacío legal resultante, el Ejecutivo ordenó, mediante el Decreto Ejecutivo N.º 23 de 2026, la ocupación temporal de los bienes muebles esenciales de ambas terminales. Esta medida garantiza la continuidad del servicio público y protege la reputación logística de la vía interoceánica.

Operadores globales para una transición de 18 meses

Bajo el amparo de la Ley 22 de 2006, el Gobierno optó por un modelo de contratación excepcional fundamentado en el beneficio social y la importancia estratégica nacional.

El objetivo primordial es mantener la operatividad mientras la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) gestiona las licitaciones para las concesiones de largo plazo.

Puerto de Balboa (Pacífico): La Resolución N.º 4 autoriza la contratación de APM Terminals Panamá, subsidiaria del conglomerado danés A.P. Moller - Maersk. La empresa, que opera en 60 puertos a nivel mundial, pagará al Estado una contraprestación de $26.1 millones. Su elección se sustenta en su vasta experiencia y en ser el principal usuario actual de la terminal.

Puerto de Cristóbal (Atlántico): La Resolución N.º 5 designa a TiL Panamá, S.A. (subsidiaria de Terminal Investment Limited). Con presencia en más de 30 países y manejo de 70 terminales de contenedores, la empresa aportará al Estado $15.8 millones por el derecho de operación durante el mismo periodo.

Salvaguarda de la competitividad regional

Los documentos oficiales, firmados por el presidente José Raúl Mulino Quintero y su equipo ministerial, subrayan que una interrupción en las actividades portuarias generaría un impacto negativo profundo.

Entre los riesgos mitigados se encuentran pérdidas millonarias por la paralización del comercio, la saturación de almacenes y la posible pérdida de competitividad frente a otros centros logísticos de la región.

El Estado panameño enfatiza así su rol como garante del bien común y su facultad soberana para ejercer control sobre su infraestructura crítica tras el fallo judicial. Los próximos 18 meses serán determinantes para que la AMP diseñe un marco de concesión permanente que atraiga inversiones de largo plazo bajo los nuevos estándares constitucionales.