Los detalles de la denuncia contra el vicealcalde Roberto Ruíz Díaz

El abogado Carlos Carrillo, representante legal de Alejandro Miranda, en declaraciones este martes 18 de junio en Telemetro Reporta dio detalles de la presentación de una denuncia penal por calumnia e injuria contra el vicealcalde de la ciudad de Panamá, Roberto Ruíz Díaz. La querella surge luego de que el Ministerio Público archivara una investigación por supuesta usurpación de funciones en la que Miranda fue señalado.

Carrillo explicó que las declaraciones del vicealcalde no solo fueron “erradas” sino que también “traspasaron los límites de una opinión política o administrativa”, convirtiéndose —según la defensa— en un ataque directo a la reputación y dignidad profesional de su cliente. “Lo que se busca es que el licenciado Ruíz Díaz se presente al proceso cuando la querella sea admitida y responda por sus actos”, señaló.

La demanda, que solicita una compensación económica de 250 mil dólares, establece que, de dictarse un fallo favorable, los fondos serían destinados a obras sociales. Según el abogado, con esta acción se pretende “enviar un mensaje de estabilidad jurídica y de respeto a la honra de los ciudadanos, más aún de quienes ejercen su profesión de forma honesta”.

Carrillo enfatizó que la relación entre Miranda y el alcalde Mayer Mizrachi es de carácter personal, derivada de una amistad de años, y aclaró que Miranda nunca recibió pago alguno por parte del municipio. “En campaña todos conocían de la amistad entre ambos, pero en ningún momento se le contrató ni recibió honorarios del gobierno municipal”, añadió.

La denuncia de Miranda contra Ruíz Díaz se produce luego de que, en febrero pasado, el vicealcalde acusara públicamente a Miranda de actuar como funcionario sin tener contrato ni nombramiento oficial. Entre las acusaciones figuraban su participación en reuniones institucionales y la emisión de instrucciones a personal de la Alcaldía.

El Ministerio Público abrió una investigación que concluyó el 9 de junio con el archivo definitivo del expediente. La fiscal Adela Cedeño Sanjur determinó que no existía delito alguno, basándose en que Miranda, ciudadano estadounidense sin permiso de trabajo en Panamá, no posee vínculo laboral con la institución.

Documentos oficiales del Servicio Nacional de Migración y una certificación del Municipio de Panamá confirmaron que Miranda no ocupaba ni había ocupado cargo público, por lo que la denuncia del vicealcalde carecía de sustento legal. La resolución se amparó en el artículo 275 del Código Procesal Penal, que permite el cierre definitivo de casos en ausencia de elementos que configuren delito.

Finalmente, Carrillo reiteró que su cliente acudió a instancias judiciales para defender su nombre tras una acusación que, según afirmó, buscaba “afectar su imagen pública de manera deliberada y sin fundamento legal”.