Magistrada de Costa Rica: Panamá debe acatar estándares de la Corte IDH en decisiones sobre minería y ambiente

La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Damaris Vargas, habló este miércoles 24 de junio con La Estrella de Panamá sobre justicia medioambiental, minería y qué tan vinculantes son las opiniones consultivas de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el tema minero, se refirió a las normativas internacionales que podrían aplicar en el caso panameño. “No podemos hablar en términos generales, pero sí hay algunos elementos comunes, por ejemplo, lo que es escuchar a la ciudadanía, escuchar a las comunidades involucradas, escuchar también el fundamento técnico científico que tienen esos proyectos que se están desarrollando, porque el ambiente no puede limitar el desarrollo del país, pero el desarrollo tiene que estar enfocado también en el cumplimiento de la normativa ambiental, normativa interna y normativa también internacional de las diferentes cortes”, declaró la magistrada. “En el caso de Panamá, ustedes son parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la sede en Costa Rica, pero al ratificar los tratados en materia ambiental, entonces lo que esta Corte señale es vinculante para nuestros países, de manera tal que los estándares que ellos van planteando nosotros debemos respetarnos al momento de tomar decisiones”, acotó.

Uno de los acuerdos internacionales más significativos a los que está suscrito Panamá es el Acuerdo de Escazú, un tratado ambiental cuyo objetivo es garantizar el pleno acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.

“El acceso a la información en materia ambiental es fundamental, también la participación ciudadana, escuchar a las personas. En algunos casos, por ejemplo, en pueblos indígenas, es formular la consulta que tiene que ser previa, libre, informada y de buena fe, que son los estándares que se presentan”, enfatizó Vargas. “Si nuestras sentencias van dirigidas a la ciudadanía, la ciudadanía tiene que comprender qué es lo que estamos diciendo, o sea, tenemos que utilizar un lenguaje sencillo, un lenguaje claro, un lenguaje democrático”, detalló Vargas.

Un punto de discusión recurrente tanto en Panamá como Costa Rica es qué tan vinculantes son las opiniones consultivas de organismos como la CIDH, que se ha pronunciado en temas desde ambientales, hasta matrimonio entre personas del mismo sexo e identidad de género.

“En el caso de Costa Rica la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, las sentencias que dicta esa Sala Constitucional es vinculante por ley, es decir, es de aplicación obligatoria. Eso significa que nuestro ordenamiento jurídico se integra con esos convenios internacionales y con esas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera tal que debemos conocerlas, divulgarlas y adaptarlas a nuestro ordenamiento jurídico para respetar esos estándares”, explicó la magistrada.

Vargas participó en un evento financiado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza donde magistrados y jueces de distintos países compartieron experiencias sobre temas de derecho ambiental.

“Hemos integrado a personas representantes de 12 países de la región, con expertos de diferentes partes de Panamá, de Costa Rica, de Europa. Lo que queremos es fortalecer las capacidades que tenemos, aprovechar muchas decisiones que han tomado organismos internacionales en materia ambiental como la Comisión Iberoamericana de Justicia Ambiental, como la Corte Interamericana de Naciones Unidas”, dijo Vargas a este medio.