Desigualdad laboral en medio de la construcción de la hidroeléctrica

El pasado 20 de septiembre la empresa constructora de la represa Bonyic-Teribe emitió un comunicado a los trabajadores advirtiendo que si proseguían los cortes por parte de los indígenas Naso, se verían ‘obligados a terminar los contratos laborales de 711 personas’. Una consecuencia de las pérdidas económicas que representa sostener la obra suspendida de manera indefinida, decían.

Éste no es el primer corte y ambas partes saben que no será el último. Ocho años después de conceder la licencia de explotación de los territorios a las Empresas Públicas de Medellín (EPM), las obras de la central hidroeléctrica se encuentran al 55% y a mitad camino, ninguno de los dos percibe beneficios.

Para los Naso, uno de esos beneficios era convertir la central en fuente de trabajo. ‘Aquí había muchos ciudadanos que pasaban dos o tres meses y no veían un dólar’, explica el comunero Agapito Castillo ‘la posibilidad de trabajar era una esperanza. Pero hoy, de los 711 trabajadores sólo 60% son Naso. Ellos conforman la fuerza laboral no calificada, ayudantes.

La empresa niega los despidos entre los trabajadores de la comunidad, pero otras fuentes advierten que se va a liquidar 50% de los contratos con los Naso. El gerente social y ambiental argumenta que la obra comienza a afrontar una nueva fase y la empresa precisa ‘frentes especializados’ que tendrán que traer de Bocas del Toro o Changuinola, y ‘se verán obligados’ a reducir el número de trabajadores.

Para los Naso, el argumento de los supuestos despidos sería otro. Villagras denuncia que los trabajadores de la comunidad reciben un trato discriminatorio, no tienen la misma estabilidad que el resto de los trabajadores e incluso sus contratos son temporales o esporádicos.