Mina de cobre: Juristas cuestionan improvisación en procesos de cierre en debate en la Universidad de Panamá

Los juristas Silvio Guerra, Harley Mitchell y Luis Barría analizaron los alcances constitucionales y socioambientales de los fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre la minería a cielo abierto durante el foro debate “El futuro de Panamá lo decidimos todos”, celebrado en el Auditorio Justo Arosemena de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.

La actividad organizada por el Centro Democrático Estudiantil evaluó la primacía de las garantías fundamentales sobre las pretensiones comerciales tras la reciente divulgación del informe del Órgano Ejecutivo sobre la concesión de Cobre Panamá.

Al abordar la dimensión técnica y la regulación del sector, el especialista en derecho ambiental Harley Mitchell Morán detalló que la normativa minera forma parte del derecho ambiental moderno y advirtió sobre la imposibilidad de improvisar procesos de cese o reanudación de operaciones sin la debida planificación.

“Las minas no pueden cerrar y abrir así como una puerta giratoria, se requiere de un tiempo para planificar el cierre y se necesita que tenga la capacidad técnica y financiera”, afirmó el abogado.

Sobre esta línea, Mitchell enfatizó que la fiscalización estatal debe mantenerse dentro de un marco estrictamente legal y científico para garantizar la protección de los ecosistemas locales frente a proyectos de alto impacto.

Por su parte, el abogado Silvio Guerra Morales centró su exposición en la función social del derecho y en la necesidad de priorizar el bienestar ciudadano sobre las estructuras contractuales corporativas.

“Por encima de las normas constitucionales se van a ponderar los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho al ambiente, el derecho a respirar un aire y un oxígeno sano”, sostuvo el jurista durante su intervención en el recinto universitario, al tiempo que argumentó que el ordenamiento jurídico debe responder en primera instancia a la protección integral de la población.

A su vez, el docente e investigador Luis Barría Moscoso presentó las conclusiones de su estudio sobre la propuesta de modernización del Código de Recursos Minerales y recordó que las sentencias constitucionales reconocen a la naturaleza como sujeto de derechos conforme a la Ley No. 287 de 2022.

Al evaluar la colisión entre los acuerdos comerciales y la preservación ecológica, Barría recordó que la máxima corporación de justicia estableció de forma clara que ante cualquier disyuntiva con intereses económicos “la balanza se inclinará, naturalmente, por salvaguardar la continuidad del género humano”, añadiendo que cualquier adjudicación futura exige someterse a procesos de licitación pública transparente.

En este contexto, los expositores coincidieron en que el compromiso expresado por las autoridades gubernamentales de acatar íntegramente las sentencias judiciales exige aplicar de forma rigurosa la legislación ambiental e impedir la continuidad de esquemas contractuales al margen de los procedimientos legales.

La jornada concluyó con el compromiso de la representación estudiantil de mantener la vigilancia cívica sobre las decisiones estatales en materia ambiental y promover el análisis técnico en la formación de los futuros profesionales del derecho.