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- 14/10/2025 14:04
Moltó respondió cuestionamientos de la Asamblea Nacional sobre la gestión de la mina y la supervisión de sus operaciones, destacando la transparencia en el manejo del concentrado de cobre
El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, explicó este martes ante la Asamblea Nacional, el alcance de las actividades de responsabilidad social de Minera Panamá, la fiscalización del Estado sobre la mina y confirmó que hasta el momento el país no recibe regalías por la exportación del concentrado de cobre.
Supervisión estatal y marco legal
El ministro Moltó destacó que el gobierno panameño mantiene una supervisión constante sobre las operaciones de Minera Panamá. Subrayó que cualquier empresa constituida en Panamá puede realizar actividades de responsabilidad social, patrocinio de eventos y financiamiento de creadores de contenido, siempre que cumpla con la ley. Sin embargo, enfatizó que estas actividades no implican autorización minera ni reconocimiento de derechos adicionales.
En cuanto a la propaganda, Moltó señaló que se encuentra amparada por la libertad de expresión garantizada en la Constitución Nacional, siempre y cuando no infrinja la ley. La supervisión gubernamental se centra en garantizar que se cumpla la Resolución 45 y evitar operaciones de extracción prohibidas.
Ley 407 de 2023 y prohibición de nuevas concesiones
Respecto a la vigencia de la Ley 407 de 2023, que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones mineras, Moltó reafirmó que el Ministerio de Comercio e Industrias reconoce plenamente esta normativa. No se ha otorgado ninguna nueva concesión minera ni se ha reactivado ninguna operación de extracción prohibida, aseguró el ministro.
La Ley 407, aprobada el 3 de noviembre de 2023, establece una moratoria indefinida sobre la minería metálica en Panamá, prohibiendo la exploración, extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos en todo el territorio nacional. Esta ley surgió tras intensas protestas sociales y busca proteger los recursos naturales del país.
Exportación de concentrado de cobre y regalías pendientes
En relación con el concentrado de cobre almacenado en la mina de Donoso, Moltó informó que una auditoría independiente certificó en diciembre de 2024 un total de 128.017,79 toneladas métricas de concentrado de cobre.
Este material fue exportado entre junio y julio de 2025 bajo estrictos controles ambientales y fiscales. Sin embargo, el ministro confirmó que el Estado aún no ha recibido regalías por estas exportaciones.
Moltó explicó que las regalías correspondientes al Estado panameño por la exportación del concentrado de cobre no se aplican bajo el Código Minero tradicional, sino bajo el contrato Ley No. 406. Aseguró que el Estado no recibirá menos de lo que le corresponde y que se han implementado controles técnicos y verificación independiente para garantizar aportes justos al país.
Arbitrajes internacionales y protección de los intereses del Estado
En relación con los arbitrajes internacionales vinculados al proyecto Cobre Panamá, Moltó explicó que tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 406 en 2023, se presentaron cuatro arbitrajes. Tres de ellos permanecen suspendidos por acuerdo entre las partes y uno fue desistido de manera definitiva, evitando reclamaciones millonarias contra Panamá.
El monto total de estos procesos asciende a 29.000 millones de dólares, y el despacho internacional Hughes, Hoover & Reed representa al Estado panameño en los tres arbitrajes suspendidos y en el desestimado. Hasta octubre de 2025, los honorarios acumulados alcanzan aproximadamente 4,7 millones de dólares, sin haberse desembolsado por programación presupuestaria.
Supervisión ambiental y cumplimiento de compromisos
El ministro reiteró que la supervisión estatal es continua y rigurosa. Programas propuestos por Minera Panamá, como visitas de observadores, deben ser evaluados y aprobados expresamente por el Ministerio de Comercio e Industrias, tal como ocurrió con la primera visita no autorizada suspendida el 25 de marzo de 2025.
Además, Moltó resaltó la coordinación entre el Ministerio de Comercio e Industrias y el Ministerio de Ambiente para garantizar que los más de 300 compromisos del estudio de impacto ambiental sean cumplidos y verificados mediante inspecciones técnicas, asegurando la protección de los ecosistemas y de las comunidades cercanas a la mina.
“El gobierno actuará siempre con transparencia, responsabilidad y sentido de patria, asegurando que cada decisión se sustente en la ley y en evidencia técnica”, concluyó Moltó. El ministro enfatizó que la rendición de cuentas y la fiscalización ciudadana son pilares fundamentales para garantizar que las operaciones mineras y sus actividades asociadas respeten los derechos del Estado y de la población.
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