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Ministerio de Salud prohíbe certificados de salud mental para empleo y estudios en Panamá
- 18/04/2026 16:12
La entidad reiteró que esta medida busca proteger la dignidad de las personas, evitar la discriminación y promover un enfoque más inclusivo en el acceso al empleo.
El Ministerio de Salud (Minsa) ordenó la suspensión inmediata del uso de certificados de salud mental como requisito para trámites laborales y educativos en Panamá, mediante una circular emitida este 15 de abril de 2026.
La medida, dirigida a universidades públicas y privadas, establece que queda “terminantemente prohibido” solicitar este tipo de documentos para procesos administrativos, incluyendo contrataciones, ascensos o acceso a servicios, al considerar que vulnera derechos fundamentales.
De acuerdo con la circular firmada por la Dirección General de Salud Pública, la decisión se sustenta en la Ley No. 364 de 2023, que reconoce la salud mental como un derecho humano, así como en el Decreto Ejecutivo No. 61 de 2024, que prohíbe la discriminación basada en condiciones de salud mental.
El documento advierte que exigir certificaciones generales de salud mental carece de sustento técnico y científico, ya que no permiten evaluar de forma objetiva el desempeño laboral, académico o social de una persona. Además, señala que este tipo de prácticas puede fomentar estigmatización y exclusión.
“El uso de certificados de salud mental como requisito general desvía recursos especializados y no responde a criterios clínicos válidos”, indica la circular, que también subraya que cualquier evaluación debe ser individual, justificada y vinculada a funciones específicas.
Entre las disposiciones, el Minsa instruye a las instituciones a revisar y modificar sus reglamentos internos para eliminar este requisito, así como a garantizar el acceso a servicios de salud mental sin condicionamientos.
Asimismo, se aclara que las evaluaciones de salud mental solo podrán solicitarse en casos puntuales, cuando exista una justificación técnica y conforme a criterios establecidos en la normativa vigente, y nunca como un requisito general.
La entidad reiteró que esta medida busca proteger la dignidad de las personas, evitar la discriminación y promover un enfoque más inclusivo en el acceso al empleo y la educación en el país.
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