Ministros habrían aprobado comisiones de Fintek

Este miércoles 10 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, se realizará en la sede del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora la audiencia de apelación al exadministrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG) Luis Oliva, al empresario Budy Attie, y a la abogada Janice Becerra, imputados en el caso Listo Wallet por los presuntos delitos de peculado, corrupción de funcionarios y asociación ilícita para delinquir. El empresario Ralph Attie también fue imputado por estos cargos, pero debido a que se encontraba hospitalizado, su audiencia fue realizada en otra fecha.

El viernes 29 de agosto un juez decretó medidas cautelares de reporte periódico y prohibición de salida del país en contra de los tres. En el caso de Oliva y Attie, el reporte debe ser dos veces al mes. En el caso de Becerra, una vez. El Ministerio Público, que había solicitado detención provisional para Oliva y Attie, apeló la decisión. La defensa de Becerra, por su parte, apeló la medida de prohibición de salida del país, afirmando que afectaba su labor como abogada corporativa.

El caso hace referencia al servicio de plataforma digital prestado por la empresa Fintek, que mediante un acuerdo con la AIG, refrendado por la Contraloría General de la República, operaba el Vale Digital desde 2022, así como el bono sindical, subsidio al combustible y Pase-U. El acuerdo no representaba un costo para el Estado, la empresa cobraba un 0.5 % de comisión a los proveedores. Otra empresa, Pagoz, presuntamente vinculada a los Attie, también ofrecía el servicio de factoring, comprando las cuentas pendientes del Estado a cambio de cobrar un 4,5 % de comisión.

El argumento de la Fiscalía es que hubo “malversación” al entregarle la base de datos con la información de los usuarios a Fintek. Además, aducen que no se formalizó un contrato con la empresa.

“Lo que dice el Ministerio Público es que entregarle la base de datos a la empresa Fintek constituye una malversación, en palabras del Ministerio Público”, manifestó a La Estrella de Panamá el abogado defensor de Becerra, Julio Macías. “Yo entiendo que malversación es cuando usted agarra algo y le da un uso indebido, un uso incorrecto. Lo que nosotros tenemos es que si la base de datos se le entregó a la empresa para que la integrara a la plataforma Fintek y eso fue lo que se hizo, no puede hablar malversación, porque se utilizó para el fin para el cual fue entregada la base de datos”, detalló.

Macías presentó este martes 9 de septiembre un nuevo elemento a la carpeta de investigación. Se trata de entrevistas con la exministra de Desarrollo Social María Inés Castillo, que certificarían la aprobación por parte de la Comisión Interministerial del Nuevo Plan Panamá Solidario del cobro de 0,5 % a los comercios afiliados.

“Hemos aportado evidencia testimonial y documental que demuestra que dicho modelo financiero fue aprobado a los más altos niveles del Gobierno nacional, por lo que, a nuestro juicio, carece de sustento cualquier señalamiento de ilegalidad, perjuicio económico al Estado o participación delictiva de nuestra representada”, detalla el documento al que tuvo acceso este medio.