El trasfondo del negocio del petroleo en Panamá

La economía panameña desarrollada con una perspectiva de servicio e inversión inmobiliaria en los últimos años, gira y busca afianzamiento en nuevos mercados a través de actividades meramente extractivista y contaminantes. Sorpresa para algunos, no tanto para otros, la línea es según este Gobierno el gas natural y los hidrocarburos.

La reciente Ley 53 nos hace recordar como el Estado permite la exploración y explotación de los minerales estratégicos que posee el país a costos y ganancias ridículas como pagar anualmente $0. 25 por hectáreas para realizar exploraciones en tierra firme o en aguas interiores y $5 por hectárea anuales en la etapa de explotación.

Con estas políticas para “fomentar” y supuestamente “regular” las actividades de exploración y explotación de yacimientos de petróleos, de asfalto en su estado natural, de gas natural, y demás hidrocarburos, en Panamá, es inevitable pensar en el rol del Estado a través de las instituciones débiles que tenemos y la falta de controles para hacer cumplir las leyes panameñas sobre todo en materia ambiental.

Preocupa más aún observar como hemos ido perdiendo territorio para ponerlo a expensas de actividades desarrollas por capitales extranjeros en algunos casos y en otras con capital nacional ocupando a leguleyos que sirven a la aparente legalidad y responsabilidad social y ambiental de estas industrias; la existencia de reservas de petróleo en Darién según el estudio geológico que realizó la empresa estadounidense OTS Latin America LLC junto a la aprobación de la ley 53 es la muestra de ello.

Esto evidencia la poco coherencia entre la política económica y la política ambiental, queda claro que no habrá parque nacional, poblaciones y territorio indígena, acuerdos y tratados internacionales que pueda definir este tipo de inversión previamente a su aprobación por las autoridades que pensemos sufren de el síndrome de la ignorancia ecológica.

Como ciudadanos podemos pensar en opciones para fortalecer e incentivar la agricultura como prioridad para la seguridad y soberanía alimentaria del país por ejemplo, priorizar el desarrollo humano evitando toda actividad extractivista que genere costos sociales (desplazamiento de personas) y ambientales (contaminación) no internalizados, los que al final asumimos todos los panameños y panameñas.