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CONSENSO
Opacidad en la AMP: Junta Directiva instruye revocar reserva de información sobre puertos
- 01/09/2026 16:34
Miembros consultados por este diario confirmaron que hubo consenso para dejar sin efecto la medida, mientras podrían estudiarse fórmulas específicas destinadas a proteger datos sensibles
La Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ordenó revocar la resolución que declaró de acceso restringido, durante 10 años, la información relacionada con concesiones de áreas, licencias de operación e investigaciones por infracciones marítimas.
Miembros de la directiva consultados por La Estrella de Panamá confirmaron que existió consenso para dejar sin efecto la Resolución J.D. No. 012-2026, publicada el pasado 28 de agosto en la Gaceta Oficial No. 30600.
La decisión se tomó durante una reunión extraordinaria convocada para revisar el alcance de la medida, después de los cuestionamientos formulados por el presidente José Raúl Mulino, especialistas del sector marítimo, organizaciones empresariales y grupos defensores de la transparencia.
Podrían evaluar una fórmula más específica
Los directores reconocieron que ciertos documentos entregados por las empresas a la AMP contienen información que legítimamente debe permanecer protegida.
Entre esos datos figuran estados financieros, secretos comerciales, planos, diseños y otros elementos técnicos vinculados con la operación de las compañías.
Sin embargo, dentro de la Junta Directiva persistían dudas sobre la amplitud de la resolución, pues esta declaró restringida de manera general toda la información, documentación, actuaciones e informes técnicos, administrativos y legales contenidos en determinados expedientes.
Según las fuentes, durante la reunión se analizó la posibilidad de encontrar una solución más focalizada, con una redacción que identifique específicamente cuáles documentos pueden considerarse confidenciales y cuáles deben permanecer disponibles para el escrutinio público.
Una nueva propuesta podría estudiar posteriormente la protección de secretos comerciales, información vinculada con la defensa del Estado y otros datos sensibles permitidos por la Ley de Transparencia.
No obstante, los miembros recalcaron que cualquier alternativa deberá discutirse más adelante y que la determinación inmediata fue dejar sin efecto la clasificación aprobada inicialmente.
Directores habían expresado dudas desde marzo
La Resolución J.D. No. 012-2026 fue adoptada durante la sesión ordinaria del 5 de marzo de 2026, aunque no se publicó en la Gaceta Oficial hasta el 28 de agosto.
De acuerdo con integrantes de la Junta Directiva, varios directores formularon advertencias y recomendaciones desde aquella primera discusión y recomendaron que la confidencialidad se limitara a secretos comerciales y asuntos relacionados con la defensa del Estado.
Sin embargo, esas observaciones no habrían sido incorporadas en la versión finalmente publicada, como reveló previamente ‘La Decana’.
La situación provocó preocupación entre los miembros, quienes cuestionaron que sus recomendaciones no fueran acogidas antes de que el documento entrara en vigencia.
Las fuentes señalaron que el administrador de la AMP, Luis Roquebert, se mostró abierto durante la reunión extraordinaria y no se opuso a la decisión impulsada por la directiva.
¿Qué información había quedado restringida?
La resolución alcanzaba los expedientes administrativos tramitados por la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares.
La clasificación comprendía tres grandes categorías:
Concesiones de áreas administradas por la AMP
.Licencias de operación para prestar servicios marítimos auxiliares.
Investigaciones administrativas por posibles infracciones a las normas marítimas.
El documento permitía consultar o reproducir los expedientes únicamente a las partes acreditadas dentro de cada procedimiento y a las autoridades competentes.
También advertía que la divulgación, entrega o utilización indebida de la información podía ocasionar responsabilidades administrativas, civiles o penales.
La AMP justificó originalmente la medida alegando que estos archivos contienen información comercial, contractual y técnica suministrada por empresas privadas dentro de su relación con el Estado.
La clasificación debía permanecer vigente durante una década, salvo que antes desaparecieran las circunstancias utilizadas para justificar la reserva.
Mulino pidió reconsiderar la medida
La reunión extraordinaria se produjo después de que el presidente José Raúl Mulino afirmara desconocer las razones que llevaron a la AMP a restringir la información y solicitara públicamente reconsiderar la decisión.
Tras el pronunciamiento, la institución anunció que revisaría la resolución conforme a los principios de transparencia y legalidad establecidos en la Ley 6 de 2002. La AMP había informado que la sesión tendría como punto central la reconsideración del documento.
La medida también recibió críticas de especialistas y organizaciones que advirtieron sobre sus posibles efectos en la confianza ciudadana y en la imagen internacional del sector portuario panameño.
Panamá mantiene 18 concesiones portuarias activas, que generan aproximadamente $3.5 millones anuales para el Estado y unos $20 millones durante cinco años, según los datos recopilados previamente por este medio.
Expertos consultados señalaron que las concesiones involucran bienes públicos y, por lo tanto, deben permanecer sometidas a mecanismos de transparencia y fiscalización.
También alertaron que restringir los datos podría afectar a las propias empresas del sector, que necesitan conocer cuáles compañías mantienen licencias vigentes, quiénes son sus competidores y qué operadores están autorizados para prestar determinados servicios.
La revocatoria deberá formalizarse mediante los procedimientos correspondientes y divulgarse oficialmente. Mientras tanto, la Junta Directiva podrá evaluar en futuras sesiones una fórmula que proteja únicamente los documentos sensibles, sin cerrar el acceso ciudadano a expedientes completos durante una década.
¿Qué decidió la Junta Directiva de la AMP sobre la reserva de información por 10 años?
La Junta Directiva ordenó revocar la resolución que restringía expedientes de concesiones, licencias de operación e investigaciones marítimas.
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