Prestatarias de servicios públicos deberán acogerse a moratoria

Las empresas prestatarias de electricidad, internet, telefonía fija y móvil no podrán desmejorar la calidad de los servicios públicos por el periodo de la moratoria de cuatro meses, establecido para paliar los efectos provocados en la economía por la propagación del nuevo coronavirus.

El Decreto 291, publicado en Gaceta Oficial ayer, con la firma del presidente Laurentino Cortizo y del ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, establece que “las prestadoras deberán adoptar las condiciones de un trato equitativo y digno a favor de los clientes, estableciendo los procedimientos respectivos, cuyo cumplimiento deberá ser fiscalizado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep)”.

El documento también faculta a la Asep a establecer una fecha para retomar los pagos pendientes en que incurren los clientes dentro del periodo de moratoria, que será prorrateado en un término de tres años, tal como indica la Ley 152.

La reglamentación destaca que los clientes deberán acreditar su condición o afectación, para poder verse beneficiados de los efectos de la ley de moratoria, la cual establece un listado de siete condiciones o afectaciones que pudieran haber presentado por la situación del estado de emergencia enmarcada en la pandemia.

Entre las condiciones que indica la ley están: que el ingreso familiar sea menor de 2 mil dólares; que el ingreso del hogar se haya reducido; trabajadores de micro y pequeñas empresas que hayan sido afectados en sus ingresos; que las personas hayan sido destituidas o suspendidas en la relación laboral, jubilados, entre otros. La moratoria se extiende desde el 1 de marzo hasta julio de 2020.

Por otra parte, las estadísticas de la Asep indican que entre enero y marzo de 2020 se han registrado 1,231 reclamos de servicios de electricidad.

El 78% de los reclamos son producto del alto consumo. Mientras que entre el 1 y el 30 de abril, en plena cuarentena, cuando las oficinas estaban cerradas y había una suspensión de los términos administrativos, en la Dirección Nacional de Atención al Usuario de la Asep se reportaron 2,383 orientaciones y consultas en todo el país.

De este total, 1,794 fueron por servicios de electricidad, 79 por agua, 334 por telecomunicaciones y 176 por otros. En este periodo, las quejas por aumento excesivo en las tarifas de los servicios de electricidad eran reportadas en las redes sociales y en los medios de comunicación.